Una cadena humana en Es Trenc protesta contra la desprotección del parque natural

Alrededor de 1.000 personas participaron este domingo en una cadena humana en la emblemática playa de Es Trenc, en Mallorca, para protestar contra la supuesta desprotección de este espacio natural. La movilización, convocada por entidades ecologistas y grupos independentistas, rechaza la ley Ómnibus aprobada recientemente por el Govern del PP, que según los críticos podría facilitar cambios regulatorios en zonas de alto valor medioambiental. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico que lidera Marga Prohens ha negado categóricamente que exista intención alguna de desproteger el parque natural.

La protesta, que se extendió a lo largo de tres kilómetros en la playa, fue calificada por los organizadores como un éxito, asegurando que reunió a más de 10.000 personas. No obstante, las imágenes y las estimaciones independientes indican que la cifra real fue considerablemente menor, en torno al millar de asistentes. Entre los participantes se vieron banderas independentistas y pancartas con lemas como «Salvem es Trenc», mientras que el escritor Sebastià Alzamora leyó un manifiesto en el que se denunciaba que «el modelo que quiere impulsar el Govern es un modelo destructor que no ha querido ni quieren en otros lugares».

El origen de la controversia radica en la ley Ómnibus aprobada por el Parlamento balear el pasado 26 de mayo, que introduce modificaciones en la regulación de los espacios naturales protegidos. Según el Govern, la norma equipara la forma de legislar sobre el parque natural de Es Trenc al resto de espacios protegidos de la comunidad autónoma, permitiendo modificar su protección vía decreto del Consell de Govern, sin necesidad de tramitación parlamentaria. El Ejecutivo balear ha insistido en que esta medida no implica una desprotección real, sino una simplificación administrativa que ya existe en otros espacios como el Parque Nacional de Cabrera, que puede ser desprotegido por el Gobierno central mediante decreto del Consejo de Ministros.

Las entidades convocantes, entre las que se encuentran GOB, Terraferida, Menys Turisme y Més Vida, han alertado de que las regulaciones actuales, especialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), constituyen la principal barrera ante nuevas presiones urbanísticas, turísticas o económicas. «Interpretamos que el objetivo final del PP es precisamente debilitar estos instrumentos de protección», explicaron los organizadores en un comunicado. La vicepresidenta del GOB Mallorca, Tonina Siquier, señaló que el PP de Campos y el PP en general tienen «una fijación por desproteger, urbanizar y hacer distintas actuaciones en la zona de es Trenc», y acusó a la presidenta Prohens de no estar interesada en el parque natural en sí, sino en permitir aparcamientos u otros usos que antes no podían realizarse.

Por su parte, el Govern balear ha reiterado en múltiples ocasiones que la posibilidad de modificar la protección del parque natural de Es Trenc vía decreto se ha aprobado únicamente para equiparar la forma de legislar sobre este espacio protegido al resto de los existentes en las Islas Baleares. La presidenta Prohens y todos sus consellers han repetido que Es Trenc seguirá igual, y han calificado las acusaciones de desprotección como un bulo generado por la izquierda y los separatistas. A pesar de estas explicaciones, los colectivos turismofóbicos y los partidos de la oposición, como Més y el PSOE, han mantenido su postura crítica y han convocado la protesta para intentar imponer un relato de desprotección calculada por el PP a menos de un año para las elecciones autonómicas.

La manifestación, aunque menor de lo esperado por los organizadores, refleja la tensión existente en Baleares en torno a la gestión de los espacios naturales protegidos. Es Trenc, una de las playas más emblemáticas de Mallorca, es un parque natural que atrae a miles de turistas cada año y que cuenta con estrictas limitaciones para evitar el desarrollo urbanístico. La ley Ómnibus, que también afecta a otras zonas como Es Vedrà, ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo turístico en el archipiélago. Mientras el Govern defiende la medida como una cuestión de eficiencia administrativa, los ecologistas advierten de que podría abrir la puerta a futuras presiones para debilitar la protección de estos espacios.