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La lucha por las playas libres en Italia se intensifica ante la privatización masiva del litoral

Un movimiento ciudadano reclama el acceso gratuito a las costas italianas, donde el 43% de las playas arenosas están gestionadas por empresas privadas. La campaña Mare Libero denuncia la proliferación de balnearios que impiden el libre acceso al mar y la vinculación del negocio con el crimen organizado.

La lucha por las playas libres en Italia se intensifica ante la privatización masiva del litoral
¡Liberad las playas! ¿Quién ganará la lucha contra la privatización de la costa de Italia?
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Italia, con sus 8.000 kilómetros de costa, es un destino turístico de primer orden, pero buena parte de su litoral está acaparado por concesiones privadas que convierten la arena en un negocio. Según un informe de Legambiente de 2022, alrededor del 43% de las playas arenosas del país están gestionadas por empresas privadas, lo que ha desatado una creciente polémica entre los defensores del acceso libre al mar y los propietarios de los conocidos como «bagni» o balnearios.

Estos establecimientos, oficialmente llamados concessioni balneari, son pequeños complejos turísticos que ofrecen sombrillas, tumbonas, bares, restaurantes e incluso piscinas y pistas de voleibol. El precio de una sombrilla y dos tumbonas puede variar según la ubicación: en Milano Marittima, en la costa adriática, cuesta 30 euros cerca del bar y hasta 60 euros en primera línea de playa. Muchas familias alquilan el mismo espacio cada verano, año tras año, mientras que los turistas que buscan una playa gratuita deben caminar a veces varios kilómetros para encontrar un tramo de arena sin concesiones.

Estas «playas libres» suelen estar en las zonas menos atractivas: junto a desembocaduras de ríos, en enclaves rocosos o donde la arena está sucia y sin servicios básicos como socorristas, duchas o aseos. Un turista holandés en una playa libre cerca de Nápoles se quejaba de que «intenté sentarme en esa playa y me echaron», mientras que en la zona gratuita «no hay aseos, ni duchas, ni contenedores de basura».

El movimiento Mare Libero, liderado por Danilo Ruggiero, denuncia que las playas se han transformado en «pequeños complejos turísticos» que incluyen piscinas, aparcamientos, gimnasios, restaurantes y tiendas de ropa. Ruggiero, que vive en Ostia, al oeste de Roma, señala que en su zona el 80% de la playa está privatizada. «Se han construido defensas alrededor de la zona —muros, puertas, vallas y setos— para impedir el acceso y bloquear las vistas. A menudo, a lo largo de varios kilómetros, ni siquiera se ve el mar», afirma.

Las regiones con mayor concentración de playas privatizadas son la Toscana y Romaña, en el centro del país. En Forte dei Marmi, en la costa toscana, el 94% del litoral municipal está gestionado por servicios privados. En las localidades vecinas de Pietrasanta y Camaiore, la proporción alcanza el 98,8% y el 98,4%, respectivamente. Hasta hace poco, Gatteo a Mare, en la costa adriática, no tenía ni una sola playa libre; tras la indignación ciudadana, ahora cuenta con un 1,4% de litoral libre: apenas diez metros de un total de unos 700.

El negocio de las concesiones balnearias es muy lucrativo y, al moverse gran cantidad de dinero en efectivo, resulta especialmente atractivo para el crimen organizado. Por ello, la campaña a favor de más playas libres ha ido a menudo de la mano de la lucha contra la mafia. El debate también plantea una cuestión más amplia: cómo frenar los excesos del turismo de masas sin convertir los espacios naturales en parques temáticos y cómo garantizar que todos puedan disfrutar de la costa cuando no hay sitio para todos en la arena.

Un ejemplo de esta tensión se vive en Bacoli, una localidad del golfo de Nápoles situada sobre los Campos Flégreos, una zona volcánica activa. El alcalde, Josi Gerardo Della Ragione, describe la situación como «el juego de la oca», donde el terreno se eleva y se hunde periódicamente por el bradisismo, abriendo grietas y deformando edificios. Allí, la privatización de la costa se suma a los desafíos geológicos, y vecinos y activistas reclaman un mayor equilibrio entre el desarrollo turístico y el acceso público.