EE. UU. propone más seguridad para sinagogas y lugares de culto
La Jewish American Security Act busca combatir el antisemitismo con subvenciones, apoyo policial, evaluaciones de amenaza y nuevas obligaciones para instituciones y plataformas.
Archoboler / Wikimedia Commons
La libertad religiosa tiene una cara muy cotidiana: poder entrar en un lugar de culto sin calcular primero el riesgo. En Estados Unidos, un proyecto de ley bipartidista intenta responder al miedo que lleva a parte de la comunidad judía a evitar lugares, actos o situaciones por temor al antisemitismo.
La Jewish American Security Act fue presentada en el Senado el 19 de mayo de 2026 por la demócrata Jacky Rosen, acompañada desde el inicio por copatrocinadores de ambos partidos, entre ellos el republicano James Lankford. El demócrata Daniel Goldman presentó la versión de la Cámara de Representantes el 9 de junio con otro grupo bipartidista.
El objetivo del texto es explícito: reforzar los esfuerzos federales contra el antisemitismo y proteger a la comunidad judía. Por eso no debe confundirse con una ley genérica sobre todas las religiones, aunque algunas de sus herramientas de seguridad pueden beneficiar a otras instituciones religiosas que acrediten un riesgo elevado.
El elemento financiero más llamativo es el Nonprofit Security Grant Program. La propuesta autorizaría 1.000 millones de dólares cada año entre los ejercicios fiscales de 2027 y 2031. Ese dinero potencial se repartiría entre los componentes urbano y estatal del programa.
La palabra clave es “autorizar”. El proyecto no significa que el Congreso ya haya asignado 1.000 millones anuales. La financiación efectiva tendría que aprobarse después mediante las leyes presupuestarias correspondientes.
Otro apartado se ocupa de la seguridad alrededor de los edificios. El fiscal general debería colaborar con los estados y la policía local para proteger instituciones religiosas expuestas a amenazas o delitos de odio religioso. Las subvenciones podrían financiar más presencia policial, patrullas, formación y otras medidas de apoyo.
El proyecto también plantea una vigilancia más sistemática de las amenazas. El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el National Counterterrorism Center participarían en evaluaciones periódicas del extremismo violento antisemita, tanto doméstico como transnacional. Cuando sea posible, habría versiones públicas desclasificadas.
La educación entra en el paquete mediante nuevas funciones de coordinación sobre antisemitismo y Title VI. El Departamento de Educación tendría un coordinador específico y un centro federal de recursos sobre seguridad y buenas prácticas para escuelas y universidades.
Las grandes plataformas digitales también tendrían obligaciones. Los servicios con al menos 50 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos deberían publicar cada 180 días y enviar a la Federal Trade Commission informes sobre cómo detectan y moderan contenido antisemita, qué sistemas automáticos usan y cómo limitan su amplificación algorítmica.
Los datos de organizaciones judías muestran por qué el miedo ocupa un lugar central en el debate. La encuesta de 2025 del American Jewish Committee señaló que el 55% de los judíos estadounidenses cambió al menos un comportamiento por temor al antisemitismo. El 30% evitó determinados lugares, eventos o situaciones. La ADL registró 6.274 incidentes antisemitas en 2025, incluidos 203 ataques físicos.
Esas cifras no convierten cada espacio religioso en un lugar peligroso, pero sí muestran un contraste: el derecho puede ser pleno sobre el papel mientras la experiencia cotidiana se va estrechando por precaución.
El proyecto aún no es ley. A 13 de agosto, la versión del Senado sigue en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. La versión de la Cámara continúa en comisiones y subcomisiones.
Si avanza, el verdadero efecto dependerá de dos pasos: que el Congreso apruebe el marco legal y que después asigne dinero suficiente. Solo entonces se sabrá si la política logra algo que parece sencillo pero no lo es para quien tiene miedo: que acudir a rezar vuelva a ser una decisión normal, no una evaluación de seguridad.
