Tres años de gobierno en Baleares: balance de cumplimientos y retos pendientes

La presidenta de las Illes Balears ha cumplido tres años desde su investidura, un periodo que define como intenso y de mucho trabajo, pero del que hace un balance positivo basado en tres pilares fundamentales: el cumplimiento de la palabra dada, la desactivación del discurso del miedo de la izquierda y la conciencia de que queda mucho por hacer. En un mensaje dirigido a los ciudadanos, la mandataria ha querido compartir los logros alcanzados y los retos que aún enfrenta la comunidad autónoma.

El primer compromiso cumplido, según destaca, fue la formación de un gobierno en solitario, una promesa que muchos consideraban imposible y que incluso fue ridiculizada. «Los ciudadanos respondieron y cumplí», afirma la presidenta, quien reconoce que gobernar en minoría no ha sido fácil, pero que ello ha permitido marcar el tono y el ritmo político, evitando que la inestabilidad del Parlament se trasladara al Govern. A partir de ahí, asegura que no solo no se han cruzado líneas rojas, sino que se ha puesto en marcha el 95 % del programa de gobierno.

Entre las medidas más destacadas de estos tres años, la presidenta enumera la eliminación del impuesto de sucesiones, que ya ha beneficiado a más de 35.000 familias, y la bonificación del impuesto para la compra de la primera vivienda, de la que se han beneficiado más de 5.000 jóvenes. Asimismo, subraya la gratuidad de toda la etapa educativa de 0 a 3 años, que hoy beneficia a más de 15.000 familias, y la aprobación del Decreto ley de emergencia residencial como primer paquete de medidas frente al reto de la vivienda.

En el ámbito económico, la presidenta destaca la cuota cero para autónomos, la recuperación de las calificaciones numéricas en el sistema educativo, el aumento de horas de matemáticas y lenguas, y el plan de captación de profesionales sanitarios. También menciona leyes como la de conciliación, la de simplificación administrativa y la de costas, así como otras medidas incluidas en el programa electoral que, según afirma, ya son una realidad.

Frente al discurso del miedo que pronosticaban los partidos de izquierdas, la presidenta asegura que no se han producido recortes en los servicios públicos ni en derechos, ni tampoco crispación social. Por el contrario, sostiene que se han destinado más recursos que nunca a los servicios públicos, se han mejorado las condiciones de los profesionales sanitarios, docentes y empleados públicos, y se han impulsado nuevos derechos como las ayudas a los enfermos de ELA, la atención 24 horas en cuidados paliativos pediátricos, la gratuidad del ocio adaptado para niños con discapacidad, el límite a los precios de los comedores escolares y la incorporación de psicólogos en las aulas y centros de salud.

La presidenta defiende que todos estos avances se han logrado desde el diálogo y el acuerdo, citando pactos como el Pacte per la Sostenibilitat, el Pacte per la Salut, el acuerdo de legislatura con la mesa de función pública, el acuerdo para la recuperación de la carrera profesional sanitaria y el Pacte per la Conservació Marina. «Somos un Govern de pacto y de entendimiento», afirma.

Sin embargo, la mandataria reconoce que queda mucho trabajo por hacer. Señala que el Govern se encontró con una «herencia envenenada» caracterizada por precios de la vivienda disparados, unas islas al límite como consecuencia de las 115.000 plazas turísticas autorizadas en ocho años y unos servicios públicos tensionados por un patrón de crecimiento poblacional que califica de «absolutamente insostenible».

Para hacer frente a estos desafíos, la presidenta destaca que se han sentado las bases para cambiar el rumbo mediante la modificación de leyes, la planificación y la asignación de recursos. Gracias a las diferentes leyes aprobadas, afirma que hay más de 10.000 viviendas asequibles en tramitación, entre las que se incluyen más de 1.000 viviendas de promoción pública cuyas obras comenzarán durante esta legislatura. Estas viviendas, destinadas a la gente de la comunidad, tendrán precios entre un 30 % y un 50 % por debajo del mercado y requerirán al menos cinco años de residencia para acceder a ellas.

Como signos de un cambio de tendencia, la presidenta menciona la reactivación de la promoción de viviendas plurifamiliares, que ha aumentado un 60 % en un año y que, desde hace dos años, vuelve a superar a la vivienda unifamiliar. También destaca el descenso del 33 % en la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros, según datos del Colegio de Notarios. «Ahora la prioridad es la gente de aquí», concluye la presidenta, reafirmando su compromiso de seguir trabajando para afrontar los retos que aún tiene por delante la comunidad autónoma.