El exdirector de la Guardia Civil niega presiones a la UCO en la investigación al hermano de Sánchez
Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, declara como imputado ante el juez del caso Leire y contradice a los exjefes de la Unidad Central Operativa, que denunciaron presiones para que el informe sobre David Sánchez saliera «limpio».
El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves ante el juez que presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) para que los agentes se pusieran «de perfil» en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La comparecencia, en calidad de imputado, se enmarca en el caso Leire y responde a las acusaciones de los antiguos responsables de la unidad, que sostienen que recibieron instrucciones para que el informe sobre el hermano de Sánchez saliera «limpio».
Según fuentes judiciales, Marcos ha defendido que su actuación al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, cargo que ocupó hasta mayo de 2024, se ajustó siempre a la legalidad y que en ningún momento interfirió en el trabajo de los investigadores. Su declaración contradice de forma directa la versión de los exjefes de la UCO, quienes habrían señalado ante el mismo juez que existieron presiones para suavizar las conclusiones del informe que analizaba la actividad del hermano del presidente.
El caso Leire investiga una presunta trama de tráfico de influencias y uso de información reservada que salpicaría a varios cargos y exresponsables policiales. La citación de Marcos como imputado se produce después de que los antiguos mandos de la UCO declararan que recibieron órdenes verbales para no perjudicar la posición de David Sánchez. Esas declaraciones pusieron el foco sobre la cúpula de la Guardia Civil durante los meses en que se desarrolló la investigación, un periodo en el que el instituto armado dependía del Ministerio del Interior.
La Unidad Central Operativa, el órgano de policía judicial de la Guardia Civil especializado en delitos económicos y de corrupción, ha quedado en el centro del debate público a raíz de este caso. Su labor en la investigación sobre el hermano de Sánchez ha sido cuestionada por ambas partes: mientras los exjefes de la unidad denuncian injerencias, el exdirector general sostiene que nunca dio instrucciones para condicionar el resultado de las pesquisas.
La comparecencia de Leonardo Marcos ante el juez del caso Leire se prolongó durante varias horas. El exdirector general respondió a las preguntas de las acusaciones y de la defensa, y mantuvo en todo momento que las decisiones sobre la investigación correspondían a los responsables técnicos de la UCO, sin que él interviniera en su contenido. Fuentes presentes en la declaración indican que Marcos calificó de «falsas» las acusaciones de presión y subrayó que su relación con los agentes fue siempre institucional y respetuosa con la autonomía policial.
El caso Leire sigue instruyéndose y el juez deberá valorar ahora las versiones contrapuestas de Marcos y de los exjefes de la UCO. La declaración del exdirector general era una de las piezas más esperadas de la instrucción, porque puede determinar si hubo o no injerencia política en una investigación que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno. No se ha fijado por el momento una nueva fecha para la comparecencia de otros testigos o imputados.
La investigación sobre David Sánchez se centra en su actividad profesional y en posibles irregularidades administrativas. El informe de la UCO que ahora se discute nunca llegó a concretar indicios sólidos de delito, según las versiones filtradas, lo que ha alimentado la polémica sobre la actuación policial. La defensa de Marcos insiste en que no existe ningún documento que acredite las presiones denunciadas y que su cliente se limitó a cumplir con sus obligaciones como responsable jerárquico.
Con esta comparecencia, el caso Leire entra en una fase decisiva. El juez deberá decidir si las contradicciones entre los exjefes de la UCO y el exdirector general se resuelven con nuevas diligencias o si, por el contrario, no hay méritos para sostener la imputación. Mientras tanto, la Unidad Central Operativa continúa con sus funciones ordinarias, aunque su actuación en este caso seguirá siendo objeto de escrutinio público y judicial.
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