Tellado exige elecciones y la dimisión de la directora de la Guardia Civil por su imputación

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales y la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que un juez de la Audiencia Nacional la imputara por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Tellado ha asegurado que el Ejecutivo socialista «tiene más imputados que diputados», al contabilizar 126 personas investigadas frente a los 121 escaños que sostienen al Gobierno en el Congreso.

Durante una visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume, en La Coruña, el dirigente popular ha calificado la imputación de la máxima responsable de la Benemérita como «algo que no tiene precedentes» en España y lo ha descrito como «inaceptable» y «completamente inasumible». Tellado ha subrayado que «es un deshonor para la Guardia Civil que la directora general esté imputada, nada más y nada menos que por haber colaborado con una trama que lo que pretendía era socavar el funcionamiento de la UCO que estaba investigando determinados delitos supuestamente cometidos por el propio Gobierno de España».

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, imputó este jueves a Mercedes González y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, por sus vínculos con la denominada «cloaca del PSOE». La decisión se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de ambos por prevaricación y obstrucción a la Justicia, en relación con las maniobras de la ex militante socialista Leire Díez para que se investigara a la Unidad Central Operativa (UCO) por posibles filtraciones en causas que afectan al Gobierno. Según el auto judicial, González mantuvo más de un encuentro con Díez, lo que contradice las afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había negado cualquier reunión entre ambas.

Tellado ha exigido también responsabilidades políticas al ministro Marlaska, al que ha acusado de haber «mentido» tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria. «Se ha acreditado de forma fehaciente que Marlaska ha mentido», ha sostenido el secretario general del PP, quien ha recordado que el juez de profesión aseguró que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez. Para el dirigente popular, la directora general de la Guardia Civil «debió haber dimitido ya» y ha instado al Gobierno a asumir las consecuencias políticas de esta situación.

El líder popular ha extendido sus críticas a la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya presidenta también está imputada. Tellado ha señalado que «la cúpula de la SEPI está imputada» y que se trata de «la segunda porque el anterior también está siendo investigado por graves delitos de corrupción». En este contexto, ha reflexionado que «parece que en el PSOE se ha convertido en un clásico que los responsables de determinados cargos sean imputados y que los anteriores también hubiesen sido imputados».

Tellado ha descrito la situación política actual como «una tragedia nacional» y ha insistido en que «tenemos al frente del Gobierno de España al líder de una organización criminal, y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España». Por ello, ha exigido que Sánchez «debe asumir la realidad de su Gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones». El dirigente popular ha recordado que tanto el Congreso como el Senado han instado al presidente a someterse a una cuestión de confianza y a adelantar los comicios, aunque el Ejecutivo ha optado por no asumir nuevas dimisiones porque, a su juicio, ello provocaría «un auténtico descalabro» en el Gobierno.

La imputación de Mercedes González y Manuel Llamas se suma a una larga lista de investigados vinculados al entorno del PSOE, lo que ha intensificado la presión política sobre el Ejecutivo. Mientras el PP reclama elecciones y dimisiones, el Gobierno ha respaldado a la directora de la Guardia Civil y ha defendido su gestión. No obstante, la decisión judicial ha abierto un nuevo frente de controversia que amenaza con agravar la crisis política que atraviesa el país.