Tardón da tres días a la Policía para entregar las alertas previas a la avalancha de Ceuta

La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha concedido a la Policía Nacional un plazo «improrrogable» de tres días hábiles para que entregue todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio y correos electrónicos relacionados con el riesgo de entrada masiva de personas en Ceuta, según ha trascendido este viernes.

El requerimiento, recogido en una providencia, se dirige específicamente al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. La magistrada exige que la documentación se aporte «a la mayor urgencia» y, en todo caso, dentro de ese plazo cerrado de tres días hábiles. Contra la resolución cabe recurso de reforma en idéntico periodo.

La instructora reclama todos los avisos internos generados entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026, un arco temporal que abarca los diez días anteriores a la avalancha —ocurrida los pasados 30 y 31 de julio— y la semana posterior a los hechos. Además, la jueza exige que se identifiquen los destinatarios de cada alerta, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas, es decir, quién recibió cada aviso, cuándo lo hizo y qué se hizo con esa información.

Este requerimiento se produce después de que Tardón dictara un auto el pasado 16 de septiembre en el que extendía esta misma petición de datos a otras unidades policiales, a varios servicios de la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y al Ministerio del Interior. Ahora, la magistrada reitera la solicitud únicamente al centro de comunicaciones policial, con carácter urgente y con un plazo concreto.

En aquel auto de septiembre, la jueza consideraba esta diligencia de «particular relevancia», porque su finalidad es «reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado». La petición había sido formulada por la Fiscalía y la magistrada la asumió por entero.

La causa indaga la entrada irregular desde Marruecos de miles de personas, en una movilización que el auto de septiembre cifraba «de entre 75.000 y 85.000 personas». La magistrada resaltaba también «la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos».

La instructora considera clave conocer «la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes» y las circunstancias que determinaron «el colapso operativo descrito en las actuaciones». Por ese motivo calificó de testigos «prioritarios» al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas, al responsable de la Policía Local en aquellos días y a quien entonces dirigía el Gabinete del delegado del Gobierno.

Aquella resolución pedía asimismo avisos y estudios de riesgo a otras unidades de información y fronteras. Al director del CETI, el centro que acoge temporalmente a inmigrantes en la ciudad, le reclamaba los mensajes que hubiera enviado o recibido sobre la entrada masiva y quiénes fueron sus destinatarios.

Antes, el 11 de septiembre, Tardón había remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta su auto de asunción de competencia para que valorase inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en el procedimiento que tramita por una denuncia contra el delegado del Gobierno. Busca así concentrar en una sola causa toda la investigación sobre la avalancha.

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Autor

Bruno Lozano

Cronista deportivo

Bruno Lozano cubre para Claroscuro actualidad, política, economía, sociedad y cultura. Su trabajo se centra en la verificación, el contexto y explicaciones claras para los lectores.

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