Sánchez defiende el indulto parcial a Laura Borràs y niega que esté vinculado a los Presupuestos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la medida de gracia a la expresidenta del Parlament responde a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, descartando cualquier motivación política o relacionada con las cuentas de 2027.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este miércoles que el indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, tenga relación alguna con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 o con un gesto hacia Junts para recomponer relaciones. Durante su comparecencia en Palma, tras reunirse con el rey Felipe VI en el palacio de la Almudaina, Sánchez afirmó que la decisión se limita a dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró «excesiva» la pena de prisión impuesta a Borràs.
El Gobierno aprobó un indulto parcial que reduce la condena de cuatro años y medio de cárcel a dos años, aunque mantiene los trece años de inhabilitación. De este modo, Borràs no ingresará en prisión. La dirigente de Junts fue condenada por un delito de prevaricación administrativa y otro continuado de falsedad en documento oficial, además de ser considerada inductora de un delito continuado de falsedad documental. Los hechos se remontan a su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, donde fraccionó contratos para adjudicárselos a un amigo informático.
Sánchez respondió así a las preguntas de los periodistas, que interpretaban la medida como un intento de acercamiento a Junts, cuyos siete votos son necesarios para la aprobación de los Presupuestos, el decreto ley de vivienda y el nuevo modelo de financiación autonómica. «Que lo tengan ustedes absolutamente claro: esto no tiene nada que ver ni con la negociación de Presupuestos ni con la política», insistió el jefe del Ejecutivo. La relación con los posconvergentes se mantiene fría desde que rompieron con los socialistas hace casi un año, aunque el Ejecutivo ha desplegado varias señales para demostrar su voluntad de seguir cumpliendo los acuerdos de investidura alcanzados con Carles Puigdemont en noviembre de 2023.
Durante la misma comparecencia, Sánchez fue interrogado sobre la imputación del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el caso Leire Díez, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Marcos deberá declarar el próximo 10 de septiembre, después de que su sucesora, Mercedes González, también esté imputada en la misma causa. El presidente se limitó a apelar a la presunción de inocencia y a esperar la evolución del proceso judicial.
Asimismo, el líder socialista evitó el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la revelación de que el Gobierno regional compró en abril un ático de lujo en el exclusivo barrio de Chamberí, de 485 metros cuadrados, con 200 metros de terraza, destinado supuestamente a oficina temporal mientras se reforma la sede de la Puerta del Sol. «Quien tendrá que responder es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no yo», señaló Sánchez. Su ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ya ha anunciado que el PSOE reclamará el expediente de compra del inmueble.
El contexto político en el que se produce el indulto es especialmente sensible. Junts ha mantenido una posición de presión sobre el Gobierno, condicionando su apoyo parlamentario. La decisión de indultar a Borràs, aunque parcial, ha sido interpretada por la oposición como una concesión política, algo que Sánchez rechaza de plano. La medida ha generado controversia, especialmente porque el propio Sánchez calificó en 2023 el caso de «flagrante de prevaricación». Ahora, el presidente argumenta que la sentencia del TSJC obligaba al Ejecutivo a actuar.
En paralelo, la imputación del exdirector de la Guardia Civil añade presión sobre el Gobierno. El caso Leire Díez investiga presuntas irregularidades que aún no se han detallado públicamente. Sánchez ha optado por no pronunciarse, remitiéndose al poder judicial. La oposición, por su parte, ha criticado tanto el indulto como la gestión de la crisis en la Guardia Civil.
La compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid también ha acaparado titulares. Ayuso defendió que el inmueble se usará para reuniones institucionales de forma provisional, pero las explicaciones han generado dudas en la oposición. El PSOE madrileño exigirá transparencia sobre la operación.
