¿Quién apaga realmente los incendios forestales en España?
Un análisis revela que, pese a que las comunidades autónomas tienen las competencias en prevención y extinción de incendios, la Unidad Militar de Emergencias (UME) acaba siendo el recurso principal en los grandes siniestros, lo que pone en duda el modelo actual de reparto competencial.
Cada verano, la llegada de grandes incendios forestales a España trae consigo una imagen recurrente: los medios autonómicos se ven desbordados y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se convierte en el principal rostro de la respuesta oficial. La paradoja es evidente, porque desde hace décadas las competencias en prevención y extinción de incendios forestales recaen en las comunidades autónomas. Cada región dispone de su propio operativo, con brigadas, helicópteros, retenes y planes específicos adaptados al territorio. Sin embargo, cuando el fuego alcanza una magnitud crítica, el sistema autonómico tiende a colapsar y el Estado central, a través de la UME, debe intervenir como refuerzo.
Este modelo de reparto competencial ha sido cuestionado en los últimos años, especialmente a raíz de los incendios de sexta generación, cuyo comportamiento extremo supera con facilidad los dispositivos regionales. Las olas de calor cada vez más intensas, las sequías prolongadas y la acumulación de biomasa combustible, consecuencia del abandono rural y la falta de planes efectivos de control, han convertido en habitual lo que debería ser excepcional. La UME, creada en 2005 para emergencias que sobrepasan la capacidad ordinaria, actúa con una regularidad que, según los críticos, revela un problema de diseño, no de coyuntura. Algunos señalan que las competencias se usan «para hacerse fotos» cuando se adquiere un helicóptero, pero en la emergencia la respuesta visible es la del Ejército.
El argumento central de quienes defienden una reforma es que si una competencia solo puede ejercerse plenamente en condiciones favorables y debe ser sustituida por el Estado precisamente en los momentos de mayor riesgo, cabe preguntarse si está cumpliendo su función esencial. Además, el fuego no respeta fronteras administrativas: un incendio que se inicia en una comunidad puede propagarse a otra en pocas horas, lo que dificulta la coordinación entre diecisiete operativos distintos, cada uno con sus protocolos, medios y capacidades heterogéneas. Una respuesta unificada, con mando único y recursos movilizables sin fricciones burocráticas, podría ser más eficaz.
A favor de una centralización de la extinción de grandes incendios se argumenta que permitiría una cadena de mando homogénea, una planificación nacional de medios aéreos y terrestres con mayor economía de escala, y una respuesta que no dependa de que cada comunidad autónoma reconozca formalmente que su operativo ha sido superado, trámite que en ocasiones se retrasa por motivos políticos. Sin embargo, esta posición no es unánime. Los defensores del actual reparto autonómico señalan que la proximidad territorial garantiza un conocimiento del terreno y de las dinámicas locales del fuego que una estructura centralizada difícilmente podría replicar. Asimismo, recuerdan que la UME no sustituye a los operativos autonómicos, sino que actúa como refuerzo dentro de un sistema de protección civil diseñado para escalar medios según la magnitud del siniestro, de la misma manera que un municipio recurre a la comunidad autónoma y esta al Estado.
El debate, lejos de cerrarse, requiere una reflexión profunda que involucre a todas las administraciones y a Europa, según las voces que piden un gran pacto de Estado en esta materia. También se critica la ausencia de planes de control de biomasa que, además de reducir el combustible disponible, podrían generar empleo y fijar población en el medio rural, un problema que agrava la vulnerabilidad ante el fuego. Mientras tanto, la paradoja sigue vigente: las competencias autonómicas se hacen visibles en la gestión ordinaria y en las campañas de sensibilización, pero en el momento crítico, la respuesta visible suele ser la del Ejército. La cuestión de fondo es si el modelo actual, concebido para una realidad menos extrema, está preparado para los desafíos que imponen el cambio climático y el abandono del campo. Hasta que se alcance un nuevo consenso, los incendios seguirán poniendo a prueba un sistema que parece necesitar una actualización urgente.
