Óscar Puente insta a Puigdemont a regresar a España tras el aval del TJUE a la amnistía
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha instado al expresidente catalán Carles Puigdemont a regresar a España de forma inmediata tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la ley de amnistía. La declaración ha provocado críticas del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien calificó el comentario de «miseria y frivolidad».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha instado este viernes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a regresar a España de forma inmediata, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía. En una entrevista en RNE, Puente afirmó: «Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda». El ministro consideró que el fallo europeo elimina los obstáculos legales que impedían el retorno del líder independentista, quien reside en Bélgica desde 2017 para evitar la acción de la justicia española.
Puente subrayó que la decisión del TJUE confirma que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no vulnera la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no perjudica las finanzas de la Unión Europea. En su opinión, el regreso de Puigdemont sería «un gesto de liderazgo político» y una decisión «coherente» con lo que establecen la legislación española, el Tribunal Constitucional y el propio TJUE. «Hay cosas que son insostenibles y hay que plantarles cara de una vez», añadió el ministro, quien también señaló que el expresidente «lo tiene a huevo» para volver, incluso si ello implica ser detenido y llevado a prisión.
El ministro criticó duramente la postura de una parte del poder judicial español, que a su juicio intenta «incumplir» la ley de amnistía y no respeta la legitimidad del poder legislativo. «Es tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir la ley de amnistía y que se sostenga que no se va a aplicar con carácter inmediato», declaró. Puente insistió en que el fallo del TJUE acredita que hay sectores del poder judicial que cuestionan la capacidad del legislativo para regular la vida del país y que se consideran por encima de él.
Las declaraciones de Puente provocaron una rápida reacción del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien calificó el comentario del ministro de «miseria y frivolidad» a través de un mensaje en la red social X. Turull acompañó su crítica con un enlace a la entrevista de Puente, mostrando su desacuerdo con la invitación al regreso inmediato. La respuesta de Turull refleja la tensión existente entre el Gobierno central y los partidos independentistas catalanes, que consideran que la amnistía debe aplicarse sin condiciones previas y que el retorno de Puigdemont no puede depender de declaraciones políticas.
A pesar del aval del TJUE, la vuelta de Puigdemont a España no es automática. El Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre el recurso presentado por el expresidente contra la decisión del Tribunal Supremo, que determinó que el delito de malversación por el que está procesado no entra dentro de los supuestos amnistiables por la ley. Mientras tanto, la orden de detención nacional sigue vigente, lo que significa que si Puigdemont pusiera un pie en territorio español, podría ser arrestado y puesto a disposición judicial. Puente, sin embargo, restó importancia a ese riesgo: «Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo; yo lo haría».
El contexto legal y político de esta situación es complejo. La ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2024, fue diseñada para dejar sin efecto las causas judiciales abiertas contra los líderes del proceso independentista catalán de 2017. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de controversia, especialmente en lo que respecta a los delitos de malversación de fondos públicos y terrorismo. El TJUE, en su sentencia del jueves, consideró que la ley no contraviene el derecho europeo, pero dejó en manos de los tribunales españoles la interpretación final de su alcance. El Tribunal Supremo, por su parte, ha mantenido que el delito de malversación no es amnistiable, lo que ha generado un conflicto institucional que ahora deberá resolver el Tribunal Constitucional.
La invitación de Puente a Puigdemont se produce en un momento de especial sensibilidad política, con el Gobierno de Pedro Sánchez buscando consolidar su mayoría parlamentaria gracias al apoyo de Junts y ERC. La amnistía fue una de las condiciones clave para la investidura de Sánchez, y su aplicación efectiva es vista como un test para la estabilidad de la legislatura. Mientras tanto, el líder de Junts, Carles Puigdemont, no ha hecho declaraciones públicas sobre la posibilidad de regresar a España, aunque fuentes cercanas al partido indican que la decisión final dependerá de la evolución de los procesos judiciales y de las garantías que se le ofrezcan.
