Moncloa califica de «causa política» el juicio con jurado popular a Begoña Gómez

El Gobierno y el Partido Socialista han reaccionado con indignación al fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular. La resolución respalda el procedimiento solicitado por el juez Juan Carlos Peinado, aunque limita la acusación a solo dos delitos. Desde Moncloa se sostiene que Gómez es «inocente» y que se enfrenta a una «causa política» cuyo único objetivo es desgastar al presidente a través de su entorno familiar.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que el procedimiento se originó a partir de una denuncia «falsa», basada en «noticias falsas», y que su única motivación es alimentar el «acoso y la persecución» contra la mujer del presidente. En el entorno de Sánchez no comparten el aval de la Audiencia de Madrid a la decisión del juez Peinado. «Todo el que conozca la causa sabe que se trata de una causa política», insisten las mismas fuentes, que defienden que no existen elementos suficientes para sostener las acusaciones.

El Ejecutivo vuelve a presentar el caso como parte de una ofensiva judicial contra Sánchez, un discurso que se ha endurecido en los últimos meses ante las resoluciones que afectan tanto a Gómez como al hermano del presidente, David Sánchez. La coincidencia de la resolución con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía ha llevado a algunos miembros del Gobierno a sugerir que la decisión sobre Gómez busca desplazar el foco informativo del pronunciamiento europeo. El Gobierno había tratado de convertir el fallo del TJUE en un aval a una de las medidas más controvertidas de la legislatura, pero apenas unas horas después de conocerse la decisión del tribunal europeo, se conoció el aval de la Audiencia de Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado abiertamente el momento en que se ha conocido la decisión. «¿Lo veis, niños? Son todo casualidades», ha ironizado en la red social X. «La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante», ha añadido. Desde Ferraz, la dirección del PSOE también ha reaccionado con dureza. «Begoña Gómez es inocente. Esta es una causa política que se inició a partir de una denuncia falsa presentada por una organización ultraderechista con el objetivo de acosar y perseguir a la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno», sostienen fuentes socialistas.

En la sede socialista defienden que el relato sobre el que se construyó inicialmente la causa se ha ido debilitando a medida que avanzaba la instrucción. «De los cinco delitos iniciales ya solo quedan dos», remarcan, antes de resumir su posición en que alrededor del procedimiento existe «mucho ruido», pero «ninguna prueba» que permita sostener las acusaciones contra Gómez. El PSOE reivindica también la actitud mantenida por la mujer del presidente durante todo el procedimiento. Subraya que «ha dado la cara», que ha acudido a todas las citaciones judiciales y que ha colaborado con la Justicia «desde el primer día».

En esa línea, insiste en que «nunca ha existido el menor riesgo de fuga» y considera que la retirada del pasaporte fue una medida «desproporcionada» que finalmente «ha quedado sin efecto». Los socialistas celebran la parte de la resolución que deja sin efecto la retirada del pasaporte y la utilizan para reforzar su argumento de que nunca existió riesgo de fuga. Pero, al mismo tiempo, rechazan el aval a que Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular y cuestionan el fondo de una decisión que, a su juicio, sigue sin apoyarse en pruebas y responde a una causa dirigida políticamente contra el presidente del Gobierno y su entorno.

Al igual que el ministro Óscar Puente, en Ferraz califican de «llamativo» que la decisión de sentar a Begoña Gómez ante un jurado popular se haya conocido «precisamente» el mismo día en que la actualidad política y judicial estaba marcada por el respaldo de la Justicia europea a la ley de amnistía. «Cada uno sacará sus conclusiones», deslizan desde la sala de máquinas del partido, alimentando así la tesis de que determinadas decisiones judiciales no son ajenas al calendario político. En cualquier caso, la dirección socialista insiste, como ha hecho desde el inicio de la causa, en que confía «plenamente» en que la verdad terminará imponiéndose.

Desde Moncloa han querido insistir en su versión de por qué los hechos «no constituyen delito». En relación con el denominado 'software', uno de los principales focos de la causa, fuentes del Ejecutivo aseguran que se trataba únicamente de «una URL de una página web» que nunca llegó a finalizarse ni a explotarse comercialmente. Según su versión, el proyecto estaba concebido como un servicio gratuito para empresas y ONG del tercer sector, por lo que no generó rendimiento económico para Begoña Gómez ni para ninguno de los demás investigados. Tampoco, añaden, ocasionó perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense. El Ejecutivo utiliza esos dos elementos —la ausencia de lucro y de daño económico— para defender que no existe base penal en la causa.