La «ley de nietos» en España no es un caso aislado en Europa

La denominada «ley de nietos» que permite a hijos y nietos de exiliados de la Guerra Civil española y de la dictadura franquista solicitar la nacionalidad no es una excepción en el continente europeo. Países como Alemania, Portugal, Italia, Austria y Hungría cuentan con marcos legales que, con distintos alcances y requisitos, ofrecen vías de reparación histórica a descendientes de víctimas de persecuciones políticas, raciales o religiosas del siglo XX.

En España, esta norma ha sido objeto de un intenso debate político después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizarla como herramienta de «ingeniería electoral» para «fabricar» votantes de cara a las elecciones generales y municipales previstas para 2027. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 31 de marzo de 2026 un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados habían solicitado la nacionalidad española al amparo de esta ley. De ellos, 544.722 solicitudes habían sido aprobadas y 306.000 personas ya estaban inscritas como ciudadanos españoles.

La ley, adoptada en 2022, tenía inicialmente una vigencia de dos años, que fue prorrogada por un año adicional, de modo que el plazo de solicitud se cerró en octubre de 2025. No obstante, la tramitación de las solicitudes presentadas continúa en curso. Además de los descendientes de exiliados, la norma beneficia a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, así como a los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad con la anterior ley de memoria histórica de 2007.

Alemania es uno de los países con una tradición más consolidada en este tipo de medidas reparadoras. Las víctimas del régimen nazi que fueron privadas por la fuerza de la ciudadanía alemana entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 1945 pueden recuperarla, al igual que sus descendientes. Una resolución del Tribunal Constitucional alemán de 2020 amplió este derecho a los hijos nacidos dentro del matrimonio antes del 1 de abril de 1953 de madres alemanas que perdieron la ciudadanía por persecución y padres extranjeros, así como a los hijos nacidos fuera del matrimonio antes del 1 de julio de 1993 de padres alemanes en la misma situación y madres extranjeras. Una modificación de la Ley de Nacionalidad en 2021 extendió el derecho a quienes, como consecuencia de medidas de persecución entre 1933 y 1945, renunciaron a la ciudadanía, la perdieron o no pudieron adquirirla, incluyendo también a sus descendientes.

Por su parte, Austria permite desde 2020 a los descendientes de víctimas del nazismo recuperar la nacionalidad de sus antepasados mediante un procedimiento ágil y gratuito. La medida abarca a hijos, nietos y bisnietos de ciudadanos austríacos que se vieron obligados a huir del país por motivos políticos, religiosos, raciales o por su orientación sexual. En estos casos se eliminaron requisitos como el dominio del alemán, la residencia previa en el país o la acreditación de ingresos. El trámite se inicia con una simple declaración presentada ante embajadas o consulados austríacos, y más de 40.000 personas han utilizado esta normativa para adquirir la nacionalidad austríaca.

Portugal, por su parte, permite que los hijos de portugueses nacidos en el extranjero soliciten la nacionalidad portuguesa de origen, con efectos desde el nacimiento, siempre que declaren su voluntad de ser portugueses. El mismo marco reconoce el acceso a los nietos de portugueses originarios que no hayan perdido la nacionalidad, siempre que acrediten la filiación y cumplan requisitos como el vínculo con la comunidad portuguesa, que puede demostrarse mediante el conocimiento de la lengua. Las nuevas reglas de la Ley de Nacionalidad, en vigor desde el 19 de mayo de 2026, amplían el alcance del reconocimiento a descendientes más lejanos, abriendo la posibilidad de nacionalidad incluso para bisnietos de portugueses originarios.

Italia, en cambio, ha limitado de forma drástica su histórica concesión de nacionalidad por descendencia mediante una reforma legal aprobada en mayo de 2025. La nueva normativa restringe el acceso automático a solo dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos nacidos en el país. La medida, impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, busca frenar el colapso administrativo en las oficinas consulares debido al incremento de solicitudes en regiones como Sudamérica, donde los nacionales inscritos ya superan los dos millones, principalmente en Argentina, Brasil y Venezuela. Para los nietos, la ley exige ahora que su progenitor —hijo del italiano nativo— haya residido de forma efectiva al menos dos años consecutivos en Italia antes del nacimiento del demandante.

En el Reino Unido no existe una «ley de nietos» como tal, y la legislación de nacionalidad británica restringe la transmisión de la ciudadanía a una sola generación nacida en el extranjero, es decir, solo de padres a hijos. No obstante, hay excepciones: una persona nacida fuera pero cuyo abuelo es o fue británico podrá optar a la ciudadanía si se trata de una injusticia histórica por género, ya que antes de 1988 las mujeres británicas no podían transmitir la nacionalidad a sus hijos nacidos en el extranjero. La otra excepción es por servicio a la Corona: se puede optar a la nacionalidad si el abuelo o abuela trabajaba para el Gobierno británico en el extranjero, ya sea en las Fuerzas Armadas, el servicio diplomático o el servicio civil en las antiguas colonias.

Hungría, por último, contempla desde 2011 la «naturalización simplificada», que permite acceder a la ciudadanía a quienes acrediten ascendencia magiar. Esta vía ha sido utilizada por comunidades húngaras en el extranjero, especialmente en países vecinos como Rumanía, Ucrania o Serbia, y ha generado controversia política en el contexto de las relaciones bilaterales con esos Estados.

En conjunto, estas normativas europeas reflejan una tendencia compartida a reparar injusticias históricas mediante la concesión de nacionalidad a descendientes de quienes fueron perseguidos o forzados al exilio. Sin embargo, cada país aplica criterios distintos en cuanto al alcance generacional, los requisitos lingüísticos o de residencia, y los plazos de vigencia, lo que genera un mosaico legislativo que en algunos casos, como el italiano, se ha vuelto más restrictivo, mientras que en otros, como el portugués, se ha ampliado.