La jueza procesa a dos ultraderechistas por el ataque con explosivos a la sede del PSOE en Santander
La magistrada Mercedes Compostizo ha concluido la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE en Santander y enviará a juicio a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes vincula con La Falange. El PSOE pide 15 años de prisión para ambos por delitos que incluyen fabricación de explosivos, odio y tentativa de impedir el derecho de reunión.
La jueza encargada de investigar el ataque con explosivos contra la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Santander ha dado por concluidas las diligencias y ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos presuntos autores. La magistrada Mercedes Compostizo considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso El País, ambos actuaron impulsados por una ideología «radical» y el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas. La resolución incorpora de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos, algo que no se había explicitado en fases anteriores de la investigación.
La instructora sostiene que los dos investigados actuaron de común acuerdo y que las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también defiende la acusación particular ejercida por el PSOE. Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, del Partido Popular. La regidora emitió un comunicado tras las detenciones en el que se desvinculaba de la actuación de su hijo, al que calificó como «mayor de edad», y tildó lo ocurrido de «hecho deleznable» que «debía ser rechazado sin matices».
Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.
La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.
La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje «Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás», elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.
Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.
El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser «memoria, respeto y justicia», mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.
