Juanma Moreno acepta un gobierno de coalición con Vox en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado un giro significativo a su estrategia política al aceptar un gobierno de coalición con Vox, después de haber defendido durante meses su intención de gobernar en solitario. El acuerdo, firmado con el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Manuel Gavira, pone fin a la etapa en la que Moreno se presentaba como un dirigente diferenciado del resto de barones populares que ya gobiernan con el partido ultraconservador en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Moreno reconoció públicamente que la nueva realidad política andaluza le obligaba a pactar. «Si los andaluces hubieran querido que gobernara con mayoría suficiente, me habrían votado de manera suficiente», declaró el jefe del Ejecutivo andaluz, todavía en funciones, tras rubricar el documento. La investidura se produjo con 68 votos a favor, los que suman el Partido Popular y Vox en el Parlamento autonómico, una mayoría que refleja la nueva aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del pasado 17 de mayo.

El acuerdo de 150 medidas incluye la concesión de una macroconsejería con rango de vicepresidencia para Manuel Gavira, que gestionará las competencias de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Aunque fuentes populares señalan que Gavira controlará unos 1.200 millones de euros en unos presupuestos que superan los 50.000 millones, su poder dentro del partido será el mayor entre los dirigentes de Vox en los ejecutivos autonómicos. El pacto también contempla la aprobación de los cuatro próximos presupuestos andaluces.

Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es la inclusión del principio de prioridad nacional, que Moreno había calificado durante la campaña electoral como un «eslogan electoral» y cuya legalidad había puesto en duda. Sin embargo, el punto 18 del documento recoge esta medida con la misma redacción que la elaborada por Génova para coordinar las negociaciones entre PP y Vox en toda España. Moreno intentó justificar la medida argumentando que la prioridad nacional ya se aplica en España a través del requisito de arraigo para acceder a determinadas prestaciones.

El pacto andaluz presenta, no obstante, algunas diferencias con los firmados en otras comunidades. En el preámbulo del documento se ha incluido un párrafo que pone el foco en la «dignidad inherente a todo ser humano» y defiende que la política social de la Junta estará fundamentada en «los principios de justicia, legalidad y humanidad». Este matiz, que no aparece en los acuerdos de Extremadura, Castilla y León y Aragón, busca suavizar el perfil más duro de las medidas pactadas.

Entre las medidas más destacadas del acuerdo se encuentra el plan de retorno de los menores extranjeros no acompañados (MENA), a pesar de que el propio texto reconoce que las competencias de la comunidad en esta materia son limitadas. También se incluye el veto a la llegada de más jóvenes en los repartos que apruebe el Gobierno central, el endurecimiento de los regímenes internos de los centros de menores y una auditoría de «todos los gastos vinculados a la inmigración masiva».

El PP también ha tenido que asumir la revisión de las ayudas a las organizaciones de cooperación para el desarrollo y el recorte del 50% de las subvenciones a la patronal y los sindicatos. Esta última medida resulta especialmente significativa, ya que estas subvenciones están blindadas por una ley aprobada recientemente, y Moreno había cultivado una muy buena relación con los agentes sociales desde su llegada a San Telmo. El acuerdo incluye además el impulso a una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria democrática y la revisión de las ayudas a entidades relacionadas con las leyes que Vox califica de «ideológicas», aunque el texto no especifica cuáles son estas normas.

La negociación ha estado marcada por las resistencias internas del PP a rubricar un acuerdo que pone en riesgo la imagen de moderado que Moreno había cultivado durante sus años al frente del gobierno andaluz. Fuentes de la negociación indican que el reparto del poder dentro del Ejecutivo fue el principal escollo para cerrar el acuerdo, después de que el PP asumiera la prioridad nacional. Vox pretendía inicialmente las mismas consejerías que en Extremadura, Aragón y Castilla y León, aunque finalmente no gestionará las políticas sociales, ni de familias, ni de inmigración.

Moreno ya sabe lo que es negociar con Vox, ya que fue el primer dirigente del PP en hacerlo tras las elecciones de 2018, cuando la urgencia por desalojar al PSOE de la Junta justificó casi cualquier movimiento. Sin embargo, las resistencias actuales de los populares a rubricar este acuerdo dan pistas del problema que supone para el jefe del Ejecutivo andaluz poner en riesgo su vitola de barón moderado. El acuerdo, de 60 páginas, refleja una paradoja que ha condicionado estas negociaciones: la necesidad de pactar para gobernar frente al deseo de mantener una imagen de independencia política.