Feijóo acusa al Gobierno de buscar «alterar el censo» con la ley de nietos y la regularización migratoria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no tener «objetivos inocentes» con la puesta en marcha de la regularización extraordinaria de migrantes y la conocida como ley de nietos, y ha asegurado que ambas medidas persiguen «alterar el censo» electoral. Durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP en Castellón, Feijóo afirmó que el Ejecutivo «nunca actúa por el bien de los demás» y que detrás de estas iniciativas hay «un interés» y «una búsqueda del beneficio propio».

El líder de la oposición calificó de «profundamente irresponsable» que se impulsen cambios sociales de esta dimensión «sin planificación ninguna» y sin un «amplio consenso» ni un «debate sosegado» en el Parlamento. Feijóo, que en días anteriores había hablado de «ingeniería electoral», se refirió ahora a «ingeniería social» para describir lo que considera una estrategia del Gobierno para modificar la composición del censo mediante la nacionalización masiva de descendientes de españoles exiliados y la regularización de inmigrantes en situación irregular.

Feijóo recordó que el Gobierno «dijo que iba a afectar a 500.000 personas y ahora ya dice que son 1,3 millones» en el caso de la regularización, y se preguntó «cómo puede seguir al frente de un país un Gobierno que se equivoca en más del doble». A esta cifra, añadió, hay que sumar los más de 2,6 millones de personas que podrían obtener la nacionalidad española a través de la ley de nietos, una norma que, según criticó, ya no se limita a nietos sino que incluye también a «tataranietos».

El presidente del PP subrayó que desde 2018 el número de personas nacidas en el extranjero residentes en España ha aumentado en cuatro millones, y que con las dos medidas en marcha se incorporarán otros cuatro millones, hasta alcanzar un total de ocho millones de nuevos residentes. «El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud», sentenció, y cuestionó si «alguien ha preparado el país para esto».

Feijóo advirtió de que el Gobierno no ha previsto el impacto en el parque de viviendas, la sanidad ni los servicios públicos para acoger a esos ocho millones de personas. «No podemos gestionarlo, no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados», afirmó, y exigió que los procesos se ejecuten «con limpieza, con independencia, con garantías y sin arbitrariedad».

El líder popular también puso el foco en la instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que, según dijo, permite «otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles» al ampliar la condición de exiliado. Feijóo cuestionó la legalidad de «regularizar aquello que es irregular» mediante un real decreto, y criticó que el número de beneficiarios haya pasado de medio millón a 1,3 millones sin que el Gobierno haya dado explicaciones suficientes.

Feijóo concluyó su intervención mostrándose «convencido» de que «esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes» y reiteró que España «no tiene capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo». El PP reclama que estas medidas se tramiten con el máximo consenso parlamentario y con una planificación previa que garantice la integración efectiva de los nuevos residentes sin poner en riesgo los servicios públicos esenciales.