El TJUE avala la ley de amnistía y devuelve la decisión sobre Puigdemont a los tribunales españoles
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado la ley de amnistía española al considerar que no vulnera la normativa comunitaria, lo que acerca a Carles Puigdemont a un posible regreso definitivo a España, aunque la aplicación final queda en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido este jueves una sentencia que avala la ley de amnistía española, al considerar que no se opone a la normativa comunitaria ni a los intereses financieros de la Unión ni a la directiva antiterrorista. Este fallo acerca al expresidente catalán Carles Puigdemont a un posible regreso a España, aunque la decisión final sobre la aplicación efectiva de la ley recae ahora en los tribunales nacionales, en particular el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
La resolución del TJUE responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. En su fallo, el tribunal europeo aclara que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE, ya que la eventual incidencia en el presupuesto comunitario no puede derivarse de un perjuicio ocasionado únicamente al presupuesto nacional. Asimismo, señala que la norma no es contraria a la directiva antiterrorismo, un punto que afecta directamente a Puigdemont, ya que el Tribunal Supremo se había opuesto a aplicar la amnistía a él y a otros condenados por malversación de caudales públicos, al considerar que al no haber financiado el referéndum ilegal con fondos propios obtuvieron un rédito económico.
La ley de amnistía establece que los delitos de malversación relacionados con el procés quedarán amparados solo en los casos en que el acusado no se haya enriquecido. El Supremo interpretó que Puigdemont, Oriol Junqueras y otros sí obtuvieron un beneficio económico, por lo que no les aplicó la amnistía. Sin embargo, el pronunciamiento del TJUE podría modificar esta postura, al insistir en que la ley no vulnera el ordenamiento jurídico de la UE, lo que limita la capacidad del Supremo para plantear nuevas cuestiones prejudiciales y alarga los plazos para la aplicación efectiva de la norma.
Carles Puigdemont celebró el fallo en redes sociales, calificándolo de «victoria rotunda» y «triunfo político para la independencia catalana frente a los poderes del Estado español». Advirtió, no obstante, de que si los tribunales españoles «siguen negándose a aplicar la amnistía en su totalidad, no solo estarán infringiendo una ley aprobada por el Parlamento y declarada constitucional, sino que también entrarán en conflicto con la legislación europea». El expresidente recordó que esta es la tercera vez que la justicia europea le da la razón, tras el respaldo previo de la justicia belga.
Ahora, el papel clave lo tendrá el Tribunal Constitucional, que deberá resolver los recursos de los políticos catalanes que están en el extranjero y de aquellos que, aunque residen en España, aún no pueden ocupar cargos públicos. Entre los nombres más destacados que esperan esta decisión se encuentran los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, así como el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Del TC dependerá que ellos, junto con Puigdemont, puedan recuperar plenamente sus capacidades políticas para regresar a la primera línea.
El Tribunal Constitucional podría pronunciarse después del verano, y su decisión será crucial para acelerar la aplicación de la amnistía. No obstante, el Tribunal Supremo aún podría frenar el proceso, aunque la sentencia del TJUE limita sus opciones al dejar claro que la ley no contraviene la estructura jurídica de la UE. Esto evita que se puedan alargar más los plazos mediante nuevas cuestiones prejudiciales.
En cuanto a las órdenes de detención, el Tribunal Constitucional había mantenido hasta ahora una postura prudente, rechazando las peticiones de Puigdemont para levantar su orden de forma provisional, argumentando que aceptar dicha solicitud supondría anticiparse a procedimientos aún en marcha. Con la sentencia del TJUE, ese obstáculo se allana para el expresidente y sus exconsejeros. Cabe recordar que Puigdemont ya regresó a España el 8 de agosto de 2024, cuando pronunció un discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona sin ser detenido, pese a la orden de detención vigente.
La sentencia del TJUE no admite recurso, aunque fuentes jurídicas consultadas señalan que se pueden solicitar aclaraciones si surgen hechos nuevos antes de su aplicación. En definitiva, el fallo europeo devuelve la pelota a los tribunales españoles, que deberán decidir si aplican la amnistía en su totalidad o mantienen las restricciones a los líderes independentistas, en un proceso que aún podría alargarse durante los próximos meses.
