El PP busca un socio dócil en Andalucía mientras Vox aspira a una contrarrevolución

Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez, inaugurando un gobierno de coalición con Vox que él mismo calificó durante la campaña electoral como «el gobierno imposible». El acuerdo, firmado el jueves pasado en el Parlamento andaluz, otorga a la ultraderecha la vicepresidencia y una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Industria y Administración Local, mientras el PP retiene las otras doce consejerías. La legislatura se presenta como un delicado equilibrio entre la aspiración del PP de tener un socio dócil y la determinación de Vox de impulsar una agenda de «contrarrevolución» que desafíe las políticas progresistas de los últimos años.

El pacto, de 60 páginas y 150 medidas, está impregnado de las obsesiones de la extrema derecha: el rechazo a la inmigración, el enfrentamiento a las políticas medioambientales y la revisión de las denominadas «leyes ideológicas». Entre estas, el texto compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y la revisión de la Ley Trans, pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas, que fue aprobada por unanimidad con el voto favorable del PP. También se mencionan la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada a los derechos del colectivo LGTBI, así como cualquier otra norma autonómica basada en el «criterio de la ideología de género», un término negacionista utilizado por Vox contra el feminismo.

Moreno, que durante la campaña se presentó como un referente de la derecha moderada, ha visto cómo su «vía andaluza» se desdibuja ante las exigencias de su nuevo socio. En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia', el presidente andaluz utilizó la metáfora del tigre para representar la política radical e intolerante, citando a Winston Churchill: «No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca». Sin embargo, el acuerdo con Vox ha sido interpretado por analistas y periodistas parlamentarios como un giro que aleja a Moreno de la moderación que defendía y lo acerca a las guerras culturales de la ultraderecha, como el «no al fanatismo climático» y la oposición a la Agenda 2030, que Moreno solía lucir con un pin en la solapa.

La estrategia del PP parece ser la de encajonar a Vox en un papel de comparsa, similar al que jugó Ciudadanos en la anterior legislatura. Entonces, el partido naranja, con 21 escaños, terminó fagocitado políticamente por el PP, desapareció del Parlamento y sus miembros se reafiliaron masivamente al partido de Moreno. El líder popular aspira a repetir ese esquema: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente que, satisfecho por estar en el Consejo de Gobierno, termine diluido. Sin embargo, Vox llega con una agenda más agresiva y con la intención de marcar el rumbo, especialmente en temas como la inmigración, la memoria histórica y las políticas de género.

El acuerdo también incluye la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y la garantía de aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo. Esto otorga una estabilidad aparente, pero las tensiones internas son evidentes. Durante la comparecencia posterior a la firma del pacto, Moreno se dirigió a Manuel Gavira, el nuevo vicepresidente, con un tono de afabilidad forzada: «Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto». Un gesto que revela la incomodidad de una coexistencia que ambos partidos interpretan de manera interesada.

Para Vox, el pacto representa una oportunidad histórica de influir en las políticas de una comunidad autónoma clave, con 8,5 millones de habitantes. La formación de ultraderecha ha identificado claramente sus prioridades: la derogación de la Ley de Memoria Histórica, la revisión de las leyes de género y la lucha contra la inmigración. Además, el acuerdo incluye el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos, las ONG y las ayudas a la cooperación internacional. En el texto se menciona explícitamente «se acabaron las mariscadas», una frase que Vox ha utilizado para criticar los acuerdos con los agentes sociales.

El contexto político andaluz es complejo. Moreno llegó al poder en 2019 tras una moción de censura contra el PSOE, y en las elecciones de 2022 obtuvo una mayoría absoluta que le permitió gobernar en solitario. Sin embargo, la pérdida de esa mayoría en los comicios de 2024 le ha obligado a buscar aliados. Vox, con 14 escaños, se ha convertido en el socio necesario, pero a un precio alto. La «vía andaluza» que Moreno prometió como ejemplo de moderación y diálogo se ha transformado en un experimento de coalición con la ultraderecha que podría tener repercusiones a nivel nacional, especialmente de cara a las elecciones generales.

El presidente andaluz ha intentado minimizar el impacto del pacto, argumentando que se trata de un acuerdo de gobierno y de legislatura, no de una fusión ideológica. Pero las medidas incluidas en el texto contradicen esa narrativa. La revisión de la Ley Trans, aprobada con el apoyo del PP, y la derogación de la Ley de Memoria Histórica, que el propio Moreno había mantenido en suspenso durante su primer mandato, son concesiones significativas a Vox. Además, el lenguaje utilizado en el acuerdo, con términos como «ideología de género» y «fanatismo climático», refleja la influencia de la ultraderecha en la redacción del documento.

La oposición, encabezada por el PSOE andaluz, ha criticado duramente el pacto, calificándolo de «retroceso histórico» y de «entrega de la comunidad a la extrema derecha». Los socialistas han anunciado que recurrirán a los tribunales si se intenta derogar la Ley de Memoria Histórica, y han denunciado que el acuerdo pone en riesgo los avances en igualdad y derechos LGTBI. Por su parte, los sindicatos y las organizaciones feministas han convocado movilizaciones para las próximas semanas.

En el plano económico, el acuerdo incluye medidas de desregulación y reducción de impuestos, que el PP defiende como necesarias para atraer inversiones y crear empleo. Sin embargo, los críticos señalan que estas políticas benefician principalmente a las grandes empresas y no abordan los problemas estructurales de la economía andaluza, como el alto desempleo y la precariedad laboral. La vicepresidencia de Vox, con competencias en Turismo e Industria, será clave en la implementación de estas medidas.

El futuro de la coalición es incierto. Moreno confía en que Vox termine siendo un socio dócil, como lo fue Ciudadanos, pero la ultraderecha ha demostrado en otras comunidades, como Castilla y León, que no duda en romper acuerdos si no se cumplen sus exigencias. La legislatura andaluza se presenta, por tanto, como un campo de pruebas para la convivencia entre la derecha tradicional y la extrema derecha en España, con implicaciones que van más allá de las fronteras de la comunidad.