El juez Calama señala a dos hermanos venezolanos como grandes pagadores a Zapatero por presuntas influencias ilícitas
Un auto de la Audiencia Nacional sitúa a los hermanos Amaro Chacón y su sociedad Inteligencia Prospectiva entre las principales fuentes de financiación encubierta para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una investigación por tráfico de influencias.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón entre los principales pagadores al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de lo que el magistrado califica como «influencias ilícitas». En un auto conocido este miércoles, el juez equipara la sociedad instrumental de los Amaro, Inteligencia Prospectiva, al nivel de otras compañías como Plus Ultra y Softgestor en el volumen de encargos e ingresos destinados al antiguo mandatario y su entorno.
La investigación, que ya ha autorizado el acceso a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia y sociedades vinculadas, describe una «estructura organizada y estable» dirigida por el expresidente y orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes. Según el auto, «retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas». El juez llama a Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor «fuentes de financiación encubierta».
Inteligencia Prospectiva, anteriormente conocida como Beren Europe y luego Alaska Ilimitada, ha movido más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, una cifra que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera «absolutamente incongruente con su actividad declarada», ya que la empresa carece de negocio real. Una parte muy importante de esos fondos fue a parar al entorno de Zapatero. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva. Además, Análisis Relevante —la sociedad de Julio Martínez, considerado el operador de la red— obtuvo 368.258 euros, y Gate Center, cuyo consejo asesor preside Zapatero, percibió 266.200 euros.
Los hermanos Amaro, según el juez, «exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel», especialmente en Venezuela. Mensajes hallados en el teléfono de Julio Martínez mencionaban gestiones para el traslado de petróleo y la «asignación directa» de barcos con crudo, en referencia a contactos con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo.
El auto también detalla los pagos que Zapatero recibió de numerosas empresas por supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación y asesoramiento estratégico. Entre ellas figuran Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Research (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000), Yuewei International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A estas cifras se añaden los 490.780 euros recibidos de Análisis Relevante entre 2020 y 2025.
El juez se detiene en el pago de Focus Social Research, de 200.000 euros, vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana. Asimismo, señala que una cuenta del Banco Santander del expresidente funcionaba como receptora de fondos que luego se redistribuían a otras cuentas, y que desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros. Zapatero atribuye ese movimiento a la venta de una vivienda.
La investigación continúa en fase de instrucción, y el juez ha ordenado a la UDEF el acceso a las cuentas bancarias para profundizar en el rastro del dinero. Zapatero siempre ha defendido que sus trabajos de consultoría están declarados a Hacienda y son legales, pero el magistrado considera que muchos de esos contratos podrían ser simulados para encubrir pagos por influencias ilícitas.
