El Gobierno no desglosa por provincias las nacionalizaciones de la «ley de nietos»

El Gobierno ha rechazado proporcionar el desglose por provincias de las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la conocida como «ley de nietos», una información que resulta clave para evaluar el posible impacto electoral de estos nuevos ciudadanos en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió un plazo de tres años para que los descendientes de exiliados españoles pudieran solicitar la nacionalidad, con la posibilidad de elegir el municipio a efectos electorales. El proceso concluyó el pasado octubre con 2,5 millones de solicitudes, de las cuales unas 545.000 ya han recibido el pasaporte español, aunque miles de expedientes siguen en tramitación.

La falta de datos territoriales impide conocer en qué provincias se están concentrando estas nacionalizaciones, un factor que puede resultar determinante en los comicios. En provincias con censos reducidos, como Soria, la llegada de miles de nuevos votantes podría alterar el reparto de escaños, mientras que en grandes circunscripciones como Madrid el efecto sería menor. El Ministerio de Exteriores, consultado por este periódico, aseguró que no facilitaba esa cifra desglosada por regiones. Posteriormente, se solicitó la misma información a través del Portal de Transparencia, y el Ejecutivo la denegó alegando que «no dispone de una recopilación total de los registros desglosados por municipios o provincias» de las personas que ya han adquirido la nacionalidad.

En la respuesta oficial, la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, señaló que para obtener ese detalle «sería necesaria una acción previa de reelaboración», es decir, recopilar información dispersa en los consulados y crear un nuevo conjunto de datos que, de momento, el Ejecutivo no parece dispuesto a elaborar. Esta opacidad ha generado malestar en la oposición, que sospecha que la gestión de las solicitudes podría tener un sesgo electoralista.

Los primeros efectos de la ley ya se han dejado notar en las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. En todas ellas, el voto exterior (CERA) fue claramente favorable al PSOE, a pesar de que el PP resultó el partido más votado en esos territorios. Además, el censo CERA aumentó más de un 14% en Andalucía y Extremadura, y superó el 12% en Aragón y Castilla y León, lo que evidencia el creciente protagonismo del voto de los residentes en el extranjero.

El plazo para presentar solicitudes cerró el 21 de octubre de 2025, tras una prórroga de un año, pero la avalancha de peticiones ha ralentizado el sistema, que debe evaluar cada caso de forma individual. Se estima que la inmensa mayoría de las solicitudes serán concedidas. En el momento de adquirir la nacionalidad, el solicitante debe presentar un formulario firmado en el que elige el municipio a efectos electorales. Según el Gobierno, esa elección no es aleatoria, sino que debe responder a la última residencia en España del familiar exiliado, al municipio de mayor arraigo propio o de sus ascendientes, u otros motivos que deben ser especificados. Desde Exteriores precisan que los funcionarios consulares no intervienen en la elección del municipio y se limitan a registrar la declaración firmada.

Desde la oposición, sin embargo, se cuestiona la transparencia del proceso. El Partido Popular ha acusado al Gobierno de utilizar la concesión de nacionalidades con fines electorales, llegando a hablar de «ingeniería electoral». Su líder, Alberto Núñez Feijóo, criticó directamente al presidente Pedro Sánchez por lo que considera un intento de movilizar a nuevos votantes en provincias clave. El propio Gobierno admitió tras las elecciones generales de 2023 que el voto CERA resultó «determinante» para decidir nueve escaños en circunscripciones donde los resultados fueron muy ajustados, con diferencias inferiores a 2.000 papeletas.

Algunas fuentes parlamentarias señalan que la «ley de nietos» podría alterar el resultado en varias provincias y poner en juego hasta 20 escaños en unas elecciones generales. El impacto también se dejaría sentir en las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027, dentro de diez meses, teniendo en cuenta que la cifra de 500.000 nuevos votantes podría aumentar a medida que se resuelvan los expedientes pendientes. La oposición insiste en que el Ejecutivo debería proporcionar los datos desglosados para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar cualquier sospecha de manipulación.