El Gobierno indulta parcialmente a Laura Borràs, expresidenta del Parlament
El Ejecutivo ha aprobado una medida de gracia que reduce la pena de prisión de cuatro años y medio a dos años, manteniendo la multa y la inhabilitación. El indulto se basa en la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró la condena desproporcionada.
El Gobierno ha aprobado un indulto parcial para Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña, que reduce su condena de prisión de cuatro años, seis meses y un día a dos años. La medida, acordada en el último Consejo de Ministros antes del parón estival, mantiene la multa impuesta y la pena de inhabilitación de cuatro años y un día. La exdirigente de Junts había sido condenada por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
El Ministerio de Justicia ha explicado que el indulto se ajusta a la propuesta formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano que dictó la sentencia y que ya consideró entonces que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva». La decisión del Ejecutivo llega dos años después de que la ley de amnistía impulsada por el Gobierno no incluyera a Borràs, al quedar fuera del perímetro de delitos vinculados al proceso independentista que cubría la norma.
Junto al indulto a Borràs, el Consejo de Ministros ha concedido otras cuatro medidas de gracia. El artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeyer durante su gestión en Avilés (Asturias), verá conmutada la pena de cárcel que aún tenía pendiente. En su caso, el Gobierno alega motivos humanitarios relacionados con su estado de salud, y la solicitud fue respaldada por numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual, aunque no contó con el informe favorable del tribunal sentenciador.
También se ha concedido un indulto parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, condenado por apropiarse de 125.700 euros de las cuentas del Grupo Municipal. La medida sustituye la pena de tres años de prisión por otra de dos, mientras se mantiene la inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, así como con el respaldo de las agrupaciones locales del PP y del PSOE, del Ayuntamiento de Linares y de una asociación vecinal que promovió una campaña de recogida de firmas.
Por último, el Gobierno ha aprobado el indulto parcial de dos particulares condenados por delitos contra la salud pública. En ambos casos, las penas de prisión de tres años y de cuatro años y medio quedan sustituidas por condenas de dos años. Los dos expedientes contaban con informes favorables tanto de los tribunales sentenciadores como de la Fiscalía.
El anuncio de estos indultos coincidió con el envío al Congreso del proyecto de ley de integridad pública, una de las normas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez tras la imputación de Santos Cerdán y presentada como una medida contra la corrupción. La nueva ley prevé la creación de una «agencia independiente de integridad pública» con mayores funciones, según explicó Sánchez, y ha contado con el asesoramiento de la OCDE. La coincidencia temporal de los indultos con la tramitación de esta ley ha generado críticas entre algunos sectores políticos y sociales, que cuestionan la coherencia del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
