El Gobierno declara 211 zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto por el que se declaran 211 «zonas gravemente afectadas» por emergencias de protección civil ocurridas en 14 comunidades autónomas desde el pasado 31 de marzo. La mayoría de los episodios corresponden a incendios forestales —187, según fuentes oficiales—, aunque también se incluyen tormentas de alta intensidad, la borrasca Marta y accidentes en instalaciones industriales o químicas.

Entre los fuegos más devastadores figuran los que afectaron a la sierra de Madrid, Ávila y Toledo, que obligaron a activar la emergencia nacional, así como el incendio de La Vall d'Uixó (Castelló), que aún mantiene en alerta a los equipos de extinción. Especialmente trágico fue el incendio de Los Gallardos, en Almería, que se saldó con 13 fallecidos. La declaración abarca también los incendios forestales de abril en Galicia y Asturias; los episodios de mayo en Rugat y Benidorm (Comunitat Valenciana), Santa Eulària des Riu y Can Anfos (Ibiza) y Òrrius (Catalunya); y los fuegos de junio en Murcia, A Coruña, Ourense, Castilla y León y Catalunya.

Además de los incendios, el real decreto reconoce los daños causados por lluvias y tormentas registradas en mayo en Mallorca, Murcia y Catalunya, así como desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. El Ministerio del Interior ha señalado que durante el período también se produjeron otras emergencias, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en plantas químicas, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil.

La declaración de zona gravemente afectada abre la puerta a un conjunto de ayudas gestionadas por distintos ministerios. Entre las primeras medidas anunciadas por Interior figuran indemnizaciones por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, así como ayudas a corporaciones locales y a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se prevé la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico para trámites como duplicados de permisos o bajas de vehículos siniestrados, y la expedición del DNI.

En el ámbito fiscal, los afectados podrán beneficiarse de la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas de hasta el 50% para proyectos de reparación de infraestructuras de las corporaciones locales.

El real decreto abarca emergencias ocurridas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. El Gobierno ha incluido además un episodio anterior al 31 de marzo: los fuertes vientos provocados por la borrasca Marta en Cataluña, comunicados al Centro Nacional de Emergencias el 9 de febrero.

Con esta declaración, el Ejecutivo pretende agilizar la respuesta a las numerosas emergencias que han golpeado el territorio español en los últimos meses, especialmente los incendios forestales que han arrasado más hectáreas que nunca en lo que va de año. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados podrán solicitar las ayudas en los plazos que establezca la normativa desarrollada a partir de este acuerdo.