Sánchez encara el último tramo de mandato sin Presupuestos y con los tribunales marcando el paso

Pedro Sánchez encara los últimos meses de la legislatura en una situación de incertidumbre política y judicial. Sin Presupuestos Generales del Estado para 2027, con los tribunales dictando resoluciones sobre casos de corrupción que salpican al PSOE y una negociación sobre el modelo de financiación autonómica que se prevé estéril, el presidente del Gobierno mantiene su intención de agotar el mandato, según fuentes del Ejecutivo. La oposición, encabezada por el PP, da por descontado un final abrupto, pero el equipo de Sánchez confía en resistir hasta las elecciones previstas, a más tardar, para el verano de 2027.

A pesar del ruido político y la estrategia de bloqueo de las derechas, el balance legislativo de estos tres años es notable. El Gobierno ha logrado sacar adelante dos modificaciones constitucionales —la del artículo 49 y la del apartado 3 del artículo 69—, 34 leyes y 40 decretos ley. Entre las normas aprobadas destacan la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la ley que regula los servicios de atención a la clientela, la de economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la prohibición de las terapias de conversión, una reivindicación histórica del movimiento LGTBI. Todo ello en un contexto de mayoría parlamentaria exigua y con una oposición que, según el Gobierno, ha antepuesto sus intereses partidistas al bienestar ciudadano.

Un ejemplo de esa obstrucción fue la caída del decreto que prorrogaba los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios. Aprobado en marzo, fue rechazado un mes después por el voto conjunto de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada que incluya nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones. Otros decretos que naufragaron fueron el que pretendía limitar los precios de bienes básicos en emergencias como la dana de Valencia o el que incluía medidas tributarias y ayudas al transporte. Sin embargo, el Gobierno ha convalidado decenas de decretos anticrisis, como la revalorización de las pensiones, las ayudas frente al impacto energético de la guerra en Oriente Próximo y las leyes de Movilidad Sostenible, de agentes forestales y bomberos y de eficiencia de la Justicia.

El principal argumento del Gobierno para desmentir el relato de parálisis es la marcha de la economía. El Ejecutivo ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6 %, muy por encima de la media europea. El mercado laboral presenta cifras récord de afiliación y el paro registrado ha bajado de los 2,3 millones de personas, lo que demuestra, según el equipo económico de Sánchez, el éxito de la reforma laboral de 2022. Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz destacan otras medidas: la subida del salario mínimo, la ampliación de los permisos de crianza, la aprobación del Estatuto del Artista y los permisos climáticos aprobados tras la dana de 2024. Dos reformas más —la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la de reducción de la jornada laboral— están ya en trámite parlamentario.

Pese a estos avances, el último tramo de la legislatura se presenta plagado de desafíos. La ausencia de Presupuestos para 2027 obliga al Gobierno a gobernar con las cuentas prorrogadas, lo que limita su margen de maniobra. Además, los tribunales tienen sobre la mesa varios asuntos que afectan al PSOE, y la negociación sobre la financiación autonómica —que enfrenta a las comunidades gobernadas por el PP con el modelo que defiende el Ejecutivo— amenaza con intensificar la confrontación territorial. Sánchez, conocido por su capacidad de resistencia, parece dispuesto a sortear estos obstáculos y apurar la legislatura, aunque el calendario judicial y la falta de apoyos parlamentarios podrían precipitar un adelanto electoral si la presión se vuelve insostenible.