El Gobierno aprueba la ley contra la violencia vicaria que suspende la patria potestad a maltratadores condenados
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que suspende automáticamente la patria potestad a los condenados por delitos de género o violencia vicaria, modifica diez leyes e introduce una agravante específica en el Código Penal.
El Gobierno ha aprobado este martes en segunda ronda el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, una norma pionera en Europa que establece la suspensión automática de la patria potestad a los maltratadores condenados por sentencia firme por delitos de género o violencia vicaria contra la mujer o los hijos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «un maltratador nunca puede ser un buen padre» y ha defendido que la ley es «fundamental para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género y libre de violencia vicaria».
La norma, que modifica hasta diez leyes españolas, define jurídicamente la violencia vicaria como aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerce por parejas o exparejas contra hijos, hijas u otras personas con un vínculo afectivo. Esta definición se incorpora al artículo 1.4 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Además, se introduce una agravante específica en el artículo 22.4 del Código Penal para aplicar una pena superior en estos casos.
La recuperación de la patria potestad solo será posible si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales del condenado. La ley también incluye la obligación de los jueces de escuchar a los menores antes de decidir sobre su guarda y custodia, así como medidas de sensibilización, información y formación en la carrera judicial. La ministra ha recordado que 68 menores han sido asesinados por violencia vicaria, tres de ellos en lo que va de 2026, y ha celebrado que «España da un paso muy importante en la protección de las víctimas de forma transversal e integral».
En el plano penal, la norma incorpora una nueva pena que prohíbe publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido, una medida que recuerda el caso Bretón y el posterior libro escrito por Luisgé Martín, que generó numerosas críticas. Asimismo, el texto reforma el artículo 54 del Registro Civil para permitir que la madre de un hijo asesinado por violencia vicaria pueda solicitar la sustitución de los apellidos del hijo fallecido y, en su caso, de los demás hijos comunes menores de edad, con el fin de evitar su revictimización y cortar cualquier vínculo con el agresor.
La iniciativa también modifica la Ley General de la Seguridad Social en sus artículos 71.1, 231 y 232.1 para garantizar que una persona no pueda generar el derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia cuando haya cometido un delito doloso de homicidio, si la víctima es la persona causante de esas prestaciones. La ley, que ha sido elaborada tras meses de negociaciones entre los ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, modifica un total de diez normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro Civil, el Estatuto de la víctima del delito y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La ministra Redondo ha explicado que la finalidad del anteproyecto es «visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria». La norma, que ahora será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, incluye también límites a los regímenes de custodia y un refuerzo de la formación de jueces y magistrados. Con esta ley, España se consolida como un referente europeo en medidas de igualdad y protección de las víctimas de violencia de género.
