El Gobierno aprobará una prestación extraordinaria para trabajadores afectados por los incendios
El Ministerio de Trabajo ultima una ayuda que cubrirá salarios y cotizaciones de empleados perjudicados por los incendios, con vocación de convertirse en una medida estructural para emergencias climáticas extremas.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima una prestación extraordinaria destinada a proteger a los trabajadores y empresas afectados por los incendios que asolan varias zonas de España. La medida, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, será financiada íntegramente por el Estado y busca cubrir los salarios y las cotizaciones de aquellos empleados que no pueden desempeñar su labor debido a la emergencia.
Según fuentes del organismo, la prestación se enmarca dentro de un paquete de medidas dirigidas a apoyar a los perjudicados, que entrarán en vigor a partir del miércoles. Entre ellas destacan la ampliación de los días de permiso por fallecimiento de un familiar de cinco a diez días, así como un permiso laboral para quienes hayan sido evacuados o hayan perdido su vivienda y permanezcan en instalaciones municipales, aunque sus centros de trabajo sigan operativos.
La normativa está pensada para cubrir situaciones que actualmente quedan fuera de los denominados permisos climáticos. Hasta ahora, una empresa afectada podía solicitar un ERTE por fuerza mayor y un empleado que no pudiera llegar a su puesto por el corte de una carretera podía acogerse a un permiso climático. Sin embargo, quienes llevan varios días alojados en un pabellón tras ser evacuados no estaban amparados por la ley, una laguna que esta iniciativa pretende resolver.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que, aunque la prestación se circunscribe inicialmente a la catástrofe de los incendios actuales, el Gobierno tiene la intención de que se convierta en una medida estructural para todas las emergencias climáticas extremas. Para ello, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha mantenido reuniones durante el fin de semana con sindicatos y patronales, así como con las consejerías autonómicas de las zonas afectadas.
De forma paralela, el Gobierno prevé impulsar un anteproyecto de ley que protegerá a los empleados que denuncien casos de corrupción en su entorno laboral, así como a su entorno familiar más cercano. La iniciativa plantea modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que quienes denuncien irregularidades no sufran amenazas, acoso o despido. En caso de que se produzca una salida forzosa, esta sería considerada nula y el trabajador debería ser readmitido. La protección se extendería a todos los canales de denuncia, incluida la prensa.
Por otra parte, el Ejecutivo se ha visto obligado a aplazar hasta septiembre el nuevo decreto ley de vivienda ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso. Tras varias semanas de negociación con los grupos, Moncloa no cuenta con los votos necesarios de Podemos, que rechaza el texto por incluir una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, favorece los «pelotazos urbanísticos» y la especulación. Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que es posible «sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible» y atribuyen el retraso a la complejidad del texto y la premura del calendario.
En conjunto, el paquete de medidas refleja la voluntad del Gobierno de reforzar la protección social ante emergencias climáticas y de avanzar en la transparencia laboral, aunque algunos de sus proyectos más emblemáticos, como la ley de vivienda, requieran aún de mayores consensos parlamentarios.
