El Gobierno aplaza a septiembre el decreto de vivienda por falta de apoyos en el Congreso
El Ejecutivo retrasa la aprobación del real decreto de vivienda hasta septiembre al no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Busca un acuerdo amplio con los grupos de investidura para sacar adelante un paquete de medidas que aborde la crisis habitacional.
El Gobierno ha decidido posponer a septiembre la aprobación del real decreto de vivienda que tenía previsto llevar este martes al Consejo de Ministros, al constatar que no dispone de los apoyos suficientes en el Congreso para su convalidación. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo busca ganar tiempo para lograr un acuerdo «amplio y transversal» con los grupos parlamentarios que permita sacar adelante un ambicioso paquete de medidas.
El borrador del decreto incluía propuestas de distintos partidos del llamado bloque de investidura: la prórroga de los contratos de alquiler reclamada por Sumar, la reforma de la ley del suelo que defienden PSOE y PNV, las bonificaciones fiscales que exige Junts y la suspensión de desahucios impulsada por Podemos. La intención del Ejecutivo era armar un texto en el que todas las formaciones se sintieran representadas, a cambio de que cada una aceptara medidas con las que no está de acuerdo. Sin embargo, las negociaciones se han topado con resistencias importantes, en especial de Podemos, que rechaza de plano la reforma de la ley del suelo, y de Junts, que considera insuficientes las ventajas fiscales planteadas.
La falta de apoyos ha llevado al Gobierno a dar marcha atrás en su plan de aprobar el decreto en el último Consejo de Ministros del curso político. Las mismas fuentes del Ministerio de Vivienda han reconocido que «la premura en el calendario podía ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto». Por ello, han optado por aplazar la votación y dedicar la reunión de este martes a la lucha contra los incendios forestales, en el marco de la emergencia climática. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apoyado la decisión y ha señalado que los grupos han pedido «un poco más de tiempo», pero ha instado a la rapidez porque «muchas familias están esperando que esto se apruebe».
La crisis de acceso a la vivienda en España es una de las más graves de las últimas décadas, con precios de alquiler disparados y una oferta insuficiente de vivienda asequible. El anterior decreto de vivienda, que Sumar forzó a aprobar al PSOE en el Consejo de Ministros, fue derogado por el Congreso el pasado 28 de abril al no obtener los apoyos necesarios. Aquel decreto incluía una prórroga de dos años para los contratos de arrendamiento que vencieran en 2024 y un tope del 2 % en la actualización anual de las rentas. Su derogación puso de manifiesto la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dificultad de alcanzar acuerdos estables con sus socios de investidura.
Ahora, el Gobierno confía en que el paréntesis estival permita relajar las tensiones y alcanzar un consenso. Las conversaciones con los grupos continúan y, según fuentes de Sumar, «ningún partido se ha levantado de la mesa». No obstante, el tiempo corre en contra: la ley obliga a que cualquier real decreto-ley sea convalidado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Si no se logra un acuerdo antes de septiembre, el Ejecutivo podría verse obligado a prorrogar la situación actual o a buscar alternativas legislativas, como la tramitación como proyecto de ley, que permitiría una negociación más sosegada pero más larga.
Mientras tanto, las organizaciones de inquilinos y los sindicatos han mostrado su preocupación por el retraso, al considerar que cada día sin medidas agrava la difícil situación de millones de familias. En el lado opuesto, los propietarios y las asociaciones inmobiliarias han criticado las intervenciones en el mercado del alquiler y defienden que el problema se resuelve aumentando la oferta, no controlando los precios. El debate sobre la vivienda promete ser uno de los ejes del próximo curso político, con un Gobierno que necesita demostrar su capacidad de gobernar en minoría y una oposición que vigila cada paso.
