El Gobierno amplía el censo electoral con 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática

El proceso de concesión de nacionalidad española a descendientes de exiliados, enmarcado en la Ley de Memoria Democrática (LMD), ha generado una fuerte controversia política al conocerse que se han presentado 2,4 millones de solicitudes desde su entrada en vigor. De ellas, más de 544.000 ya han sido aprobadas, según datos oficiales. La disposición adicional octava de la ley, que establece esta vía de nacionalización, fue concebida como una medida reparadora para quienes sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, pero diversas investigaciones periodísticas apuntan a que se está aplicando de forma mucho más amplia.

Según ha revelado el diario OKDIARIO, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la LMD, en octubre de 2022, que amplía los supuestos de concesión de la nacionalidad. Dicha instrucción, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—, permite otorgar la nacionalidad a personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, sin exigir que el progenitor hubiera nacido en España. La propia instrucción reconoce que esta regulación supera las limitaciones del Código Civil, que excluye a descendientes de progenitores originariamente españoles que no puedan probar su nacimiento en España.

Investigaciones periodísticas han documentado casos de personas cuyos antepasados abandonaron España tres décadas antes del inicio de la Guerra Civil e incluso en el siglo XIX, lo que contradice el propósito original de la ley, que acotaba claramente los beneficiarios al exilio republicano. El proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes, así como los informes de las ponencias en el Congreso y el Senado, definían la medida como una reparación para quienes sufrieron el exilio. La instrucción de Justicia ha sido calificada por la oposición como un «coladero» que permite la nacionalización masiva de personas sin arraigo geográfico, vital, fiscal ni político en España.

El PSOE, por su parte, ha celebrado públicamente el impacto electoral que este proceso puede tener. El senador socialista César Mogo, responsable del partido en el exterior, ha viajado a varios países de Iberoamérica para hacer propaganda entre los nuevos nacionalizados. Mogo llegó a afirmar que Argentina tendrá más españoles con derecho a voto que el 95% de las provincias españolas. Esta actitud ha sido interpretada por críticos como una maniobra para alterar el censo electoral de cara a futuras citas con las urnas.

Otro elemento que ha suscitado polémica es la contratación por parte del consulado español en Cuba de una empresa vinculada a la dictadura castrista para tramitar las solicitudes de la llamada «Ley de Nietos». Cuba es, según diversas fuentes, el segundo país con mayor número de solicitudes, más de 350.000. Investigadores señalan que los republicanos españoles llegados a la isla apenas sumaron medio millar, lo que hace difícil justificar el volumen de peticiones. La oposición denuncia que el Gobierno se sirve del comunismo castrista para reconocer como electores a ciudadanos cubanos que no pueden votar en su país por la ausencia de democracia.

El debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática se ha intensificado en las últimas semanas, con acusaciones de que el Gobierno utiliza la legislación memorialista como un subterfugio para fines políticos. Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una medida de reparación histórica, los críticos sostienen que la única medida real para la mayoría de las víctimas es un reconocimiento simbólico, sin posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial al Estado. La polémica promete continuar en los próximos meses, a medida que se conozcan más detalles sobre la tramitación de las solicitudes y su impacto en el censo electoral.