El plan de seguridad para Ceuta y Melilla sigue sin fecha cuatro años después

El Gobierno de Pedro Sánchez acumula más de cuatro años de retraso en la elaboración del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, un instrumento previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de 2021 y que sigue sin ver la luz. Así lo admite el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria fechada el 9 de mayo de 2026, en la que reconoce que todavía no hay una fecha definida para la finalización del documento.

La respuesta llega después de que el Partido Popular registrara en el Congreso, el pasado 27 de marzo, una iniciativa en la que pedía detalles sobre los avances del plan. Los diputados Javier Celaya, Sofía Acedo, Edurne Uriarte y Carlos Rojas preguntaron si el Gobierno tenía previsto concluir la elaboración de esta herramienta contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. El Ejecutivo respondió que, en el marco del grupo de trabajo interministerial sobre Ceuta y Melilla, se han producido avances en un documento que servirá de base para desarrollos posteriores dentro de los ministerios, pero evitó concretar plazos.

No es la primera vez que el Gobierno admite la demora. El 29 de abril de 2025, ante otra pregunta del Grupo Parlamentario Popular, Interior ya informó de que el plan continuaba «en proceso de elaboración». Además, el 17 de junio de 2025 la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes Generales aprobó, con 19 votos a favor y 14 en contra, una moción del PP en el Senado para instar al Ejecutivo a elaborar el plan. La contestación del Gobierno, un año después, no aportó novedades.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, todavía vigente, subraya que Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren una atención especial de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. El propio documento fija que, para hacer frente a situaciones de crisis, el Gobierno debe elaborar un Plan Integral de Seguridad para ambas ciudades autónomas.

La demora cobra relevancia en plena crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno se negó a declarar la emergencia nacional en la ciudad pese a la reclamación de su presidente, Juan Jesús Vivas, y de todos los portavoces de la Asamblea. El Ejecutivo argumentó que esa crisis no entra en los supuestos contemplados por la ley. Poco después, sin embargo, movilizó al Ejército para «reforzar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias» y mantener la seguridad en Ceuta.

Desde la Asamblea de Ceuta defendieron la aplicación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, que define la situación de interés para la Seguridad Nacional como aquella que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes bajo la dirección del Gobierno.

En paralelo, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, con el objetivo de permitir los rechazos en frontera tanto en las entradas irregulares por vía terrestre como por marítima en Ceuta y Melilla. La iniciativa fue presentada el pasado lunes por la diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, quien explicó que surge como respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación de esta figura a los casos en los que la entrada irregular se produce superando elementos físicos de contención, como la valla fronteriza.

Acedo afirmó que esa interpretación «supone un problema evidente», porque la realidad migratoria ha cambiado desde que se aprobó la modificación legislativa en 2015. «Ahora las entradas irregulares a Ceuta y Melilla no se producen únicamente saltando la valla», señaló, y subrayó que una parte importante de los intentos de acceso se realiza por vía marítima, bordeando los espigones o alcanzando la costa a nado.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, achacó precisamente a esta cuestión la entrada masiva de entre 20.000 y 30.000 inmigrantes irregulares en Ceuta en las últimas horas, una avalancha calificada de histórica. Según fuentes de la cartera, las redes de tráfico de personas están aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera para incentivar nuevas llegadas desde Marruecos.