El CSN retrasa la decisión sobre Almaraz y apunta a un informe favorable a la prórroga
El Consejo de Seguridad Nuclear aplazó la votación sobre la prórroga de la central de Almaraz hasta julio, lo que refuerza la hipótesis de un informe técnico favorable a extender su vida útil hasta 2030. La decisión final corresponderá al Gobierno.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se dispone a tomar en las próximas semanas una decisión clave sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura. Aunque la votación estaba prevista para el pasado lunes, uno de sus consejeros solicitó un aplazamiento para estudiar con más detalle el informe técnico, lo que ha sido interpretado por fuentes del sector como un indicio de que el dictamen será favorable a la prórroga de la instalación hasta junio de 2030.
El pleno del CSN, que habitualmente se reúne los miércoles, adelantó excepcionalmente su sesión al lunes de esta semana para que su presidente pudiera asistir a unas jornadas universitarias en Santander. Por primera vez desde que en noviembre de 2025 los expertos nucleares comenzaron a analizar las condiciones de seguridad de los dos reactores de Almaraz, el orden del día incluía la votación de la propuesta de informe sobre la solicitud de renovación de la autorización de explotación. Sin embargo, la decisión no se materializó porque Francisco Miguel Castejón, consejero designado a propuesta de Podemos y doctor en Físicas, pidió más tiempo para examinar el documento.
Castejón, a quien fuentes del sector energético califican de «furibundo antinuclear», es considerado uno de los miembros del consejo con mayor probabilidad de votar en contra de una eventual prórroga. Su solicitud de aplazamiento, amparada en la potestad que cada consejero tiene para retrasar hasta dos veces la votación de un asunto, ha sido vista por algunos analistas como una maniobra de «filibusterismo» para ganar tiempo y presionar a otros consejeros. No obstante, también refuerza la hipótesis de que el informe técnico es favorable a la extensión de la vida útil de la central extremeña, ya que de lo contrario Castejón probablemente habría apoyado su aprobación inmediata.
El pleno del CSN está compuesto por cinco miembros: el presidente, Juan Carlos Lentijo; los consejeros Javier Díez, propuesto por el PP; Pilar Lucio, natural de Extremadura; Silvia Calzón, exsecretaria de Estado de Sanidad durante la pandemia y llegada al organismo desde la Presidencia del Gobierno; y el propio Castejón. Las decisiones se toman por mayoría simple, por lo que bastan tres votos a favor para aprobar el informe. Lentijo y Díez se muestran partidarios de conceder la prórroga si los técnicos la recomiendan, mientras que Lucio y Castejón son los más reacios. En este escenario de empate, el voto de Calzón resulta determinante. Durante su audiencia en el Congreso antes de ser designada, Calzón aseguró que se guiaría por la opinión de los técnicos del organismo, cuya pericia no se cuestiona en el sector.
La central de Almaraz, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, cuenta con dos reactores cuyas licencias de explotación expiran en noviembre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente. Las empresas propietarias solicitaron al Ministerio de Transición Ecológica una prórroga que permita alargar su funcionamiento hasta junio de 2030. El CSN no decide sobre la concesión de la prórroga, pero sí debe emitir un informe vinculante sobre las condiciones de seguridad de la instalación. Para ello, sus técnicos han estado recabando información sobre la gestión del envejecimiento de los componentes y el almacenamiento del combustible gastado, entre otros aspectos.
La decisión del CSN se espera antes del parón de agosto. Si no se produce en la reunión del próximo miércoles 15 de julio, podría retrasarse hasta el 22 o, excepcionalmente, al 29 de julio. Una vez que el pleno apruebe el informe, el Gobierno dispondrá de dos meses para tomar la decisión final sobre la prórroga. Mientras tanto, la comarca de Almaraz sigue movilizada a favor de la continuidad de la central, que genera empleo y actividad económica en la zona. En mayo, alcaldes y agrupaciones socialistas de la comarca enviaron una carta a Pedro Sánchez advirtiendo de que el rechazo del Gobierno a mantener abierta la planta les hacía «cuestionarse» si volver a presentarse a las elecciones municipales de 2027.
El caso de Almaraz ilustra las tensiones en torno a la energía nuclear en España, donde el Gobierno ha manifestado su intención de cerrar progresivamente las centrales nucleares, pero se enfrenta a la presión de los territorios afectados y de las empresas propietarias. La decisión final, que deberá tomar el Ejecutivo, tendrá implicaciones tanto en la política energética como en el equilibrio territorial y laboral de la región extremeña.
