El caso David Sánchez reabre el debate sobre la responsabilidad política en España
La condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación contrasta con la ausencia de dimisiones, mientras que el caso Juan Guerra en los años 90 marcó un precedente de responsabilidad moral que hoy parece haber desaparecido.
La reciente condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz ha reabierto el debate sobre la responsabilidad política en España. Aunque la sentencia es recurrible y el procedimiento judicial no ha concluido, el caso ha puesto de manifiesto las diferencias entre dos épocas en la forma de entender el ejercicio del poder y la ejemplaridad.
Hace más de tres décadas, España vivió una situación similar con el caso Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Juan Guerra instaló un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla sin ocupar cargo oficial alguno, lo que generó un escándalo político que acabó convirtiéndose en el símbolo de una forma de entender el poder demasiado próxima al parentesco y alejada de la ejemplaridad. Aunque la justicia nunca encontró responsabilidades penales para Alfonso Guerra, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, decidió apartar a su vicepresidente en 1991. No lo hizo porque un juez hubiera condenado a Guerra, sino porque comprendió que un gobierno pierde autoridad cuando pierde credibilidad.
En aquella época, la política española aún conocía el concepto de responsabilidad moral. Un gobernante respondía también por la sombra que proyectaban los suyos, incluso cuando no existía una condena judicial. Alfonso Guerra era, después de Felipe González, el hombre más poderoso de España: el número dos indiscutible, el estratega, el parlamentario brillante, el látigo de la oposición. Inteligente hasta la insolencia, duro en la réplica, apasionado de una política que entendía como combate dialéctico y como transformación social. Nadie discutía su peso político, pocos discutían su talento y todos en el partido le temían. Sin embargo, el escándalo de su hermano marcó el principio del desgaste del felipismo porque los ciudadanos entendieron que la confianza pública es un patrimonio extremadamente frágil.
Hoy, la situación es radicalmente distinta. La condena en primera instancia a David Sánchez no ha alterado el pulso del poder. Todo se reduce a una estrategia de comunicación: desacreditar al juez, denunciar conspiraciones, movilizar a los propios, esperar que el siguiente escándalo entierre al anterior y, por supuesto, que nadie dimita. El presidente del Gobierno sigue contando con su hermano en Moncloa, mientras que los socios de investidura guardan un silencio cada vez más elocuente. Los mismos partidos que durante décadas hicieron de la regeneración democrática una bandera descubren ahora que la ética posee una elasticidad admirable cuando el poder depende de unos pocos votos.
La política española ha dejado de dimitir. Ha aprendido a resistir. No importa el qué, sólo importa el cuánto aguanta. Felipe González entendía que gobernar exigía, además de ganar elecciones, preservar la autoridad moral del Ejecutivo. Pedro Sánchez parece convencido de que gobernar consiste, ante todo, en conservar una mayoría parlamentaria. Sus socios, instalados en un silencio cada vez más elocuente, invitan a pensar sobre aquellos senadores de la antigua Roma que asistían impasibles a todo exceso mientras sus privilegios permanecieran intactos. La lealtad no era hacia las instituciones, sino hacia la supervivencia del poder.
Los socios contemplan la escena con la serenidad de quien calcula escaños antes que principios. No hay comunicados solemnes, no hay ruedas de prensa reclamando ejemplaridad, apenas alguna declaración medida para no incomodar demasiado al aliado imprescindible. La indignación, al parecer, también cotiza en el mercado político. Quienes exigían dimisiones por simples sospechas guardan hoy un silencio casi litúrgico cuando la tormenta afecta al Gobierno del que forman parte.
El verdadero problema de la política española no son ya los tribunales. Es la desaparición de la vergüenza política. Antes, un escándalo erosionaba gobiernos. Hoy apenas modifica el argumentario de los portavoces. Antes los partidos temían el juicio de la opinión pública. Hoy sólo temen el algoritmo de las redes sociales. Antes existía algo parecido al honor político. Ahora basta con reunir los votos suficientes para sobrevivir una semana más.
La historia tiene memoria. El caso Juan Guerra no acabó únicamente con un despacho en Sevilla. Marcó el principio del desgaste del felipismo porque los ciudadanos entendieron que la confianza pública es un patrimonio extremadamente frágil. Quizá por eso conviene recordar aquella lección: las democracias no se deterioran únicamente cuando alguien vulnera la ley. También se resienten cuando desaparece la convicción de que el poder debe ser ejemplar, incluso cuando la ley no exige responsabilidades penales.
