Ceuta da un mes al Gobierno para resolver y ejecutar los expedientes de expulsión
El Consejo de Gobierno de Ceuta requiere formalmente al Ejecutivo central que resuelva en un plazo improrrogable de un mes los expedientes de los aproximadamente 10.000 migrantes que permanecen en la ciudad tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. El requerimiento es el paso previo a un recurso contencioso-administrativo.
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado requerir formalmente a la Administración General del Estado para que resuelva y ejecute, en un plazo improrrogable de un mes, los expedientes de expulsión, devolución o retorno de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio. La reclamación afecta a unas 10.000 personas procedentes de Marruecos que, según la información aportada, continúan en Ceuta después de aquellas entradas irregulares.
El requerimiento exige que durante ese periodo se dicte y notifique una resolución en cada expediente y que se ejecute la salida efectiva del territorio nacional cuando corresponda. Asimismo, reclama que se tramiten las solicitudes de protección internacional y que el Estado remita a la ciudad una relación actualizada con la situación en la que se encuentra la tramitación de cada uno de esos expedientes.
La iniciativa constituye el paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo si la Administración central no atiende las exigencias planteadas. El Ejecutivo de Juan Vivas denuncia la inactividad del Gobierno central y recuerda que la gestión de los procedimientos de extranjería, inmigración, asilo y seguridad pública corresponde a la Administración General del Estado. Según sostiene el requerimiento, transcurrido más de un mes desde la entrada masiva, existen numerosos procedimientos que no se han resuelto y, en una cantidad relevante de casos, ni siquiera se habrían iniciado. El Gobierno ceutí asegura además que no ha recibido información sobre el calendario previsto, el estado de los expedientes o las razones de los retrasos.
Frente a esta denuncia, los últimos datos disponibles reflejan que ya se han realizado 1.822 triajes, mientras se contabilizan 5.482 retornos voluntarios y 307 expulsiones. El Ministerio del Interior prepara además dos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanentes en Ceuta y Melilla, con capacidad para 800 personas cada uno, destinados principalmente a tareas de identificación y triaje.
El requerimiento no se limita a las devoluciones. Ceuta exige que, dentro del mismo plazo de un mes, el Estado aporte los medios humanos y materiales necesarios para acelerar los procedimientos y reforzar la seguridad. En concreto, reclama aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los recursos de los servicios de extranjería y asilo y del resto de organismos estatales implicados. El Ejecutivo ceutí sostiene que los recursos disponibles son manifiestamente insuficientes y vincula esta situación con el hacinamiento de los dispositivos de acogida y la presión sobre la ciudad.
El documento establece también que, dentro del mismo plazo de un mes, la Administración del Estado deberá comunicar formalmente a la Ciudad de Ceuta la respuesta dada al requerimiento. El requerimiento recuerda además que el Estado declaró el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, un elemento que el Gobierno de la ciudad utiliza para respaldar la urgencia de sus reclamaciones.
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