Begoña Gómez entrega los billetes a Londres al juez y critica que se le exija probar su inocencia
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entregado al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión de su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija, y en un recurso reprocha al magistrado que le obligue a acreditar la inexistencia de una conducta delictiva, invirtiendo la carga de la prueba.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entregado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión de su viaje a Londres para presenciar la graduación de su hija. En un recurso presentado ante el magistrado, la defensa reprocha que se le exija acreditar la «inexistencia de una conducta delictiva», lo que considera una inversión del principio fundamental del proceso penal.
El pasado lunes, Peinado requirió a Begoña Gómez que justificara que utilizó su pasaporte únicamente para viajar a la capital británica y asistir a la graduación de su hija en Bristol. La solicitud se produjo después de que el pasaporte entregado el domingo en los juzgados de Plaza de Castilla no presentara sellos que acreditaran entradas y salidas del país. El juez había enviado a Gómez a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos y, en un auto dictado el 20 de junio, ordenó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia quincenal ante el juzgado como medidas cautelares, al apreciar riesgo de fuga.
El letrado de Gómez, Antonio Camacho, había solicitado previamente permiso para que su defendida viajara al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, primero a Ankara para asistir a la cumbre de la OTAN junto al presidente y luego a Londres para la graduación de su hija. Un juez sustituto, que cubrió las vacaciones de Peinado, autorizó únicamente la segunda parte del viaje, la correspondiente al Reino Unido.
En el recurso presentado, la defensa califica de «sorprendente» el requerimiento del juez Peinado y explica que «el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes» como práctica ordinaria, reservándolos solo para supuestos excepcionales. Por ello, la acreditación de la entrada en el país puede realizarse mediante otros medios de prueba plenamente válidos, como registros electrónicos de la compañía aérea, tarjetas de embarque, reservas de vuelo, justificantes de viaje o registros de inmigración. «Sin que la falta de un sello en el pasaporte pueda interpretarse, por sí misma, como prueba de la inexistencia del mismo», añade el escrito, que adjunta los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol.
El letrado advierte que el requerimiento del juez «exige a esta defensa que acredite que no se ha llevado a cabo acto alguno constitutivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar», lo que «invierte de forma manifiesta el principio cardinal del proceso penal». «La carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa», subraya, recordando que debe prevalecer la presunción de inocencia.
Sobre la petición del juez de que se demuestre «que no se hizo un uso inadecuado de la autorización de salida del territorio nacional», la defensa afirma que «probar que algo no ocurrió, cuando ese algo no está concretado en un acto o lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica». Esta «probatio diabólica» supone, según el recurso, «la exigencia de una prueba imposible o de dificultad desproporcionada que, por su propia naturaleza, ningún justiciable puede razonablemente satisfacer».
Por todo ello, la defensa de Begoña Gómez solicita que se deje sin efecto la providencia dictada, que se reconozca que es la acusación quien debe probar una supuesta conducta delictiva y que, en caso de que el magistrado mantenga la exigencia de acreditación, pida datos sobre el viaje a las autoridades británicas. El caso continúa su curso judicial, mientras la esposa del presidente del Gobierno mantiene su derecho a la presunción de inocencia y critica lo que considera una exigencia desproporcionada por parte del instructor.


