La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de prisión por la trama Púnica
El ex secretario del PP de Madrid, Francisco Granados, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por delitos de fraude y prevaricación en el marco de la Operación Púnica, por favorecer a la empresa Waiter Music en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.
La Audiencia Nacional ha dictado una condena de dos años y medio de prisión para Francisco Granados, ex secretario del Partido Popular de Madrid y ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, por su implicación en la conocida como Operación Púnica. El tribunal le considera culpable de delitos continuados de fraude y prevaricación, al haber utilizado su influencia política para favorecer a una empresa de organización de espectáculos en la adjudicación de contratos públicos durante varios años.
La sentencia, emitida por la Sección Primera de la Sala Penal, impone además a Granados una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y medio. Los magistrados han determinado que, entre 2007 y 2014, el exdirigente popular intervino de manera decisiva para que la empresa Waiter Music, propiedad del fallecido empresario José Luis Huerta, obtuviera contratos millonarios para la organización de festejos y eventos tanto en la Comunidad de Madrid como en varios ayuntamientos de la región.
El fallo judicial subraya que Granados «mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa». A cambio de esta mediación, el ex político recibió «prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario» José Luis Huerta. La resolución destaca que su papel no fue el de un gestor directo de los expedientes, sino el de «elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante».
La Operación Púnica, una de las mayores tramas de corrupción investigadas en España, destapó un entramado de adjudicaciones irregulares de contratos públicos que beneficiaban a empresas vinculadas a cargos del PP en la Comunidad de Madrid. En esta pieza separada del caso, se enjuiciaba a un total de 14 personas, entre alcaldes y técnicos municipales, por su participación en la concesión de contratos a Waiter Music. La empresa, especializada en la organización de espectáculos y eventos festivos, se convirtió en la principal beneficiaria de un sistema de corrupción que operó durante casi una década.
Además de Granados, la sentencia condena a otros ex alcaldes de la región. José Carlos Boza, ex regidor de Valdemoro, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, mientras que su sucesor en el cargo, José Miguel Moreno, deberá cumplir dos años de prisión. También han sido condenados a dos años de cárcel la ex alcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y el ex alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Todos ellos fueron considerados responsables de haber participado en la trama de adjudicaciones irregulares que benefició a Waiter Music.
Por el contrario, el tribunal ha acordado la absolución de quienes fueran alcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como de otros dos acusados en este procedimiento. La Fiscalía había solicitado penas más elevadas para varios de los implicados, pero los magistrados consideraron que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra ellos en esta pieza concreta del caso.
La investigación de la Operación Púnica comenzó hace más de una década y ha llevado a los tribunales a decenas de políticos y empresarios por su presunta implicación en una red de corrupción que desvió fondos públicos a través de contratos amañados. El caso, instruido por el juez de la Audiencia Nacional, ha sido uno de los más complejos y voluminosos de la historia judicial española, con múltiples piezas separadas que aún están pendientes de juicio o de sentencia.
Francisco Granados, que llegó a ser una de las figuras más influyentes del PP madrileño durante la presidencia de Esperanza Aguirre, ya había sido condenado anteriormente en otras causas relacionadas con corrupción. Su carrera política quedó truncada tras el estallido del caso Púnica en 2014, cuando fue detenido junto a otros altos cargos del partido. Desde entonces, el ex consejero ha mantenido un perfil bajo, retirado de la vida pública, mientras enfrentaba los procesos judiciales abiertos en su contra.
La sentencia de la Audiencia Nacional supone un nuevo capítulo en el largo proceso judicial de la Operación Púnica, que ha dejado al descubierto las prácticas irregulares en la contratación pública durante los años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Los magistrados han subrayado en su resolución la gravedad de los hechos, al tratarse de un sistema organizado de corrupción que afectó a la administración pública y desvió recursos destinados a servicios para los ciudadanos.
