La ola de despidos en Cáritas Murcia amenaza la atención a miles de personas vulnerables
Cáritas de la Diócesis de Cartagena ha ejecutado desde octubre de 2025 sucesivas oleadas de despidos, la mayoría por causas económicas. Los afectados denuncian una «escabechina», la interrupción de decenas de expedientes y un cambio de gestión que sustituye a técnicos cualificados por voluntariado.
La ola de despidos que afecta a Cáritas de la Diócesis de Cartagena ha puesto en jaque la atención a miles de personas en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia. Desde octubre de 2025, la organización ha ejecutado sucesivos ajustes de plantilla que, según los trabajadores afectados, ya superan la treintena de empleados, en su mayoría personal técnico especializado en intervención social, orientación laboral, educación, psicología, pedagogía y acompañamiento a personas en riesgo de exclusión.
Una de las trabajadoras despedidas, que utiliza el nombre ficticio de Inmaculada para proteger su identidad, relata cómo recibió la comunicación: media hora después de que sus responsables le pidieran traer su portátil a una reunión, abandonó el edificio sin ordenador, sin teléfono profesional y con una carta de despido en la mano. «Prácticamente nos despidieron en fila», asegura. «Han hecho una escabechina con nosotras».
Las extinciones se han justificado oficialmente por causas objetivas de carácter económico. La entidad atribuye la decisión a un resultado negativo en sus cuentas de más de 800.000 euros. Sin embargo, los exempleados denuncian que detrás del recorte se esconde un cambio de modelo de gestión: la organización estaría recuperando el control de los sacerdotes en sus sedes y sustituyendo el trabajo de los técnicos cualificados por voluntariado.
Mónica, otra de las afectadas, explica que la entidad les retiró de inmediato todos los medios de trabajo y les impidió regresar a sus puestos. «No nos permitieron despedirnos de los usuarios, ni cerrar procesos ni hacer un traspaso de los casos», sostiene. Como consecuencia, decenas de expedientes quedaron interrumpidos de un día para otro. «Temo que muchos de los usuarios, personas muy vulnerables, se hayan quedado sin atender desde entonces. Yo tenía usuarios citados esa misma tarde, y ni me dejaron avisarlos», lamenta.
Esperanza, también nombre ficticio, coincidió en la sensación de ruptura abrupta. «Desde hacía semanas notaba vacío por parte de mis coordinadores. Se notaba que algo estaba pasando, pero no esperábamos esto», señala. Además, el uso de las vacaciones pendientes como periodo de preaviso les impidió recopilar documentación laboral o preparar una eventual reclamación judicial, ya que abandonaron su puesto de forma inmediata tras recibir la comunicación. «Han sido muy crueles», resume Inmaculada.
El conflicto laboral golpea a una de las principales entidades sociales de la Región de Murcia. Cáritas Diócesis de Cartagena es la organización de acción caritativa y social de la Iglesia católica en el territorio y define su misión como el acompañamiento a las personas más pobres y vulnerables. Durante 2025 atendió a 84.342 personas a través de una red de 160 Cáritas parroquiales y territoriales. Más de la mitad de los hogares atendidos tenían menores a cargo y cerca de un tercio eran familias monoparentales.
Los despidos resultan especialmente llamativos en una comunidad donde la pobreza sigue creciendo. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, estima que más de 320.000 personas, uno de cada cinco habitantes, se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. La organización gestionó el año pasado un presupuesto de 13,59 millones de euros, de los cuales el 57,48% procedía de administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, y el resto de donaciones, empresas, entidades de economía social, herencias y legados.
El peso de Cáritas en la red de protección social ha despertado preocupación entre parte de la plantilla y también entre los representantes sindicales. UGT ya alertó públicamente de una posible ola de despidos y advierte sobre el impacto que esta reducción de personal puede tener sobre los programas de atención social de esta y otras ONG. Algunas de las afectadas han presentado ya una papeleta de conciliación ante el Servicio de Relaciones Laborales (SMAC) de la Región de Murcia y no descartan acudir al Juzgado de lo Social si no se respetan sus derechos laborales.
