La Fiscalía pide el despido de una funcionaria que llevaba 17 años sin ir a su puesto

La Fiscalía General del Estado de Alagoas, en Brasil, ha solicitado el despido de una funcionaria del Departamento de Educación que acumulaba más de diecisiete años sin acudir a su puesto de trabajo. Según el expediente, la mujer dejó de asistir el 31 de marzo de 2009 y no volvió a incorporarse en ningún momento, sin que constaran justificantes ni situaciones excepcionales que explicaran una ausencia tan prolongada.

El caso se ha conocido tras su publicación en el Boletín Oficial, donde se detalla un procedimiento disciplinario que se ha alargado durante meses. La investigación concluye que no se trató de una falta puntual ni de un error administrativo, sino de una conducta sostenida en el tiempo. Esa circunstancia llevó a la Fiscalía a dejar de considerar el asunto como una irregularidad menor y a activar los mecanismos disciplinarios más severos previstos para estos casos.

Uno de los elementos que más peso ha tenido en el dictamen es que la propia funcionaria habría reconocido su ausencia. El expediente recoge una declaración expresa en la que asumía la situación, lo que, en términos jurídicos, encaja en la figura del «animus abandonandi», es decir, la intención clara de abandonar el puesto. Este matiz resulta determinante porque diferencia una falta administrativa de un incumplimiento grave y prácticamente elimina la posibilidad de alegar desconocimiento o error.

A pesar de lo llamativo del caso, la Fiscalía ha subrayado que el proceso se ha tramitado respetando las garantías legales. Durante el procedimiento administrativo disciplinario, la funcionaria tuvo oportunidad de presentar alegaciones y defender su posición. Sin embargo, según el dictamen, sus argumentos no fueron suficientes para justificar la ausencia ni para desmontar las pruebas recogidas. Tampoco se detectaron defectos en la tramitación que pudieran invalidar el expediente. Con todo ello, la recomendación es clara: la destitución.

El caso ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Planificación, Gestión y Patrimonio, que será la encargada de formalizar la decisión. Mientras tanto, el asunto ha dejado varias incógnitas abiertas. La principal es cómo una ausencia de estas características pudo prolongarse durante más de diecisiete años sin que los mecanismos de control interno reaccionaran antes. También se desconoce si la funcionaria llegó a percibir salario durante todo ese periodo. El medio brasileño Metrópoles intentó aclararlo, pero no obtuvo respuesta del Departamento de Educación. Tampoco ha trascendido la versión de la defensa de la implicada.

Estas dudas no cambian el fondo del asunto, pero añaden presión sobre la gestión interna de la administración pública y sobre los controles que deberían evitar situaciones similares. No es habitual encontrar un caso de estas características con una duración tan larga. Por eso, más allá de la sanción concreta, lo ocurrido vuelve a poner el foco en el funcionamiento de las instituciones públicas: el control del absentismo, la supervisión de los empleados y la capacidad de reacción ante irregularidades son cuestiones que quedan en el aire tras conocerse este episodio. No se trata solo de detectar el problema, sino de hacerlo a tiempo.

Con la decisión final ya en marcha, todo apunta a que la funcionaria será destituida. Pero el impacto del caso no termina ahí, porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo.