La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cúpula de la Guardia Civil de elaborar una «lista negra» de agentes que investigan al entorno de Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que acusa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, de haber elaborado una «lista negra» con los nombres y apellidos de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno familiar. Según el documento, la cúpula del instituto armado solicitó un organigrama de los agentes «que tenga relación directa con las investigaciones concernientes al Gobierno (esposa, hermano, Ábalos/Koldo, Cerdán)». La Fiscalía sostiene que, bajo el pretexto oficial de controlar supuestas filtraciones a la prensa, se identificó a los responsables de esas pesquisas y se utilizó esa información «como mecanismo de presión» mediante la apertura de expedientes disciplinarios.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Antena 3, detalla que la información recabada permitió «la identificación de todos los 'mandos' que intervinieran en los asuntos ligados al Gobierno y familiares del presidente del Gobierno». Los propios agentes incluidos en esa denominada «lista negra» declararon que, en toda su carrera profesional, nunca habían sido objeto de una información reservada de estas características. Para la Fiscalía, resulta especialmente significativo que las pesquisas afectaran «en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares», lo que considera indicios de una posible obstrucción a la Justicia.

Mercedes González negó rotundamente estas acusaciones durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio. «Nunca he perseguido a los míos porque son míos», afirmó, y añadió de forma irónica: «¿Soy una señora puesta aquí por Sánchez, no?, ¿para influir en investigaciones que ustedes dicen, no?». La directora de la Guardia Civil también aseguró: «No me dedico a ninguna cloaca ni conspiración». Sin embargo, la Fiscalía aprecia «contradicciones sucesivas» en sus explicaciones, especialmente en relación con sus contactos con Leire Díez, una de las investigadas en la causa. González negó haber mantenido reuniones con Díez, limitándolos a «dos cafés», pero el juez sostiene que existen pruebas de «al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea» y de que «existió una relación personal y reiterada».

Además, varios guardias civiles declararon que el DAO, Manuel Llamas, les ordenó ponerse «de perfil» en las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectaban al entorno del presidente. Tanto González como Llamas están imputados por la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a raíz de la petición de la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de la gravedad de los delitos que el juez sospecha que han cometido, ninguno de los dos ha presentado su dimisión.

El Partido Popular ha reaccionado con dureza a estas revelaciones y ha exigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que destituya a Manuel Llamas. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, advirtió de que si Robles no suspende al DAO, se convertirá en «una cooperadora necesaria de la cloaca». Ezcurra recordó que el régimen de personal de la Guardia Civil avala la suspensión de un imputado, y preguntó: «Si el propio régimen de la Guardia Civil avala la suspensión del DAO al ser imputado, ¿por qué Margarita Robles sigue de brazos cruzados?». Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, subrayó que Robles «puede suspender al DAO de la Guardia Civil» y que, «si tuviera dignidad, sería valiente y lo haría».

La situación ha generado un intenso debate político sobre la independencia de la Guardia Civil y la posible instrumentalización de sus unidades de élite para fines partidistas. Mientras el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre las peticiones de dimisión, la oposición considera que los hechos revelan una trama para obstruir la acción de la justicia en casos que afectan al presidente Sánchez y a su círculo más cercano. La causa sigue su curso en el juzgado, a la espera de nuevas declaraciones y de que se determine si existen responsabilidades penales más allá de las ya imputadas.