Greenpeace suspende a España por su elevada dependencia de los combustibles fósiles pese al impulso renovable
Un informe de Greenpeace sitúa a España como el país con peor puntuación entre siete naciones europeas analizadas por su respuesta a la crisis energética, al destinar la mayor parte de los recursos públicos a subvencionar el consumo de combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición ecológica.
Greenpeace ha evaluado la respuesta de siete países europeos a la crisis energética desencadenada por el conflicto en Oriente Medio y ha concluido que España presenta el balance más desfavorable del conjunto analizado. El informe, titulado «Escudo Social Verde 22», otorga a España una puntuación de -380 puntos, lo que la sitúa en un nivel de riesgo «medio» por su elevada dependencia de los combustibles fósiles. La organización ecologista considera que las medidas adoptadas por el Gobierno español, aunque incluyen algunas actuaciones compatibles con la descarbonización, han priorizado mayoritariamente el apoyo al consumo energético tradicional en lugar de impulsar un cambio estructural hacia fuentes renovables.
El estudio analiza las políticas aplicadas por España, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suecia para hacer frente al impacto del conflicto en los precios de la energía. Según los datos recopilados por el laboratorio de ideas Bruegel, los gobiernos europeos comprometieron más de 11.826 millones de euros en medidas fiscales destinadas a reducir el efecto de la guerra sobre las facturas energéticas. De esa cantidad, Greenpeace estima que el 86% de los fondos se dirigió a incentivar el consumo de combustibles fósiles, mientras que solo una minoría se destinó al ahorro energético o a la inversión en alternativas sostenibles. Además, el 54% de estas ayudas se basó en medidas universales, sin una orientación específica hacia los colectivos más vulnerables.
En el caso concreto de España, el informe destaca que el país cuenta con el segundo paquete de medidas de transición mejor valorado del conjunto estudiado, pero el elevado volumen de ayudas generales de «rescate fósil» —que supera ampliamente las de Alemania e Irlanda— lastra su puntuación global. Greenpeace señala que esta contradicción refleja una estrategia incoherente con los objetivos de la transición energética. Mientras que Países Bajos es el único país que supera el análisis con una puntuación positiva de +120, clasificada como «verde bajo», España obtiene el resultado más desfavorable, seguida de cerca por Irlanda (-370), Grecia (-330), Alemania (-320) y Portugal (-270).
La organización ecologista advierte de que esta dependencia de los combustibles fósiles no solo dificulta la transformación del sistema energético, sino que también aumenta la exposición de los países ante nuevas tensiones geopolíticas, fluctuaciones de precios y futuras crisis internacionales. Según el informe, la mayor parte de los recursos públicos movilizados durante la crisis se ha destinado a medidas de apoyo al consumo energético tradicional, lo que perpetúa un modelo vulnerable. Greenpeace subraya que, pese al impulso de las energías renovables en España, la estrategia adoptada durante la crisis ha sido contradictoria y ha frenado el avance hacia un sistema más sostenible.
Ante esta situación, Greenpeace propone una serie de medidas para corregir el rumbo. La organización aboga por impulsar una inversión pública más responsable y eficiente, centrada en las personas más afectadas por la inestabilidad de los combustibles fósiles y por los efectos del cambio climático. También reclama reforzar la regulación sobre los mercados especulativos, reducir de manera estructural la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar el cambio hacia un modelo energético más sostenible. Entre las propuestas concretas del «Escudo Social Verde 22» destaca la creación de un impuesto específico a los vuelos privados VIP, la eliminación de conexiones aéreas innecesarias que cuenten con alternativas de transporte sostenible y el establecimiento de un abono único de transporte público, universal, asequible y permanente en todo el territorio.
Además, Greenpeace apuesta por impulsar las comunidades energéticas locales mediante la redistribución de los recursos actualmente destinados a subvencionar los combustibles fósiles. También defiende una planificación del despliegue de energías renovables que garantice criterios sociales y ambientales, así como la creación de una Reserva Estratégica de Almacenamiento Verde que sustituya a las actuales reservas estratégicas de combustibles fósiles. La organización insiste en que existen alternativas viables para abandonar la dependencia del petróleo, el gas y otros sectores dominados por grandes intereses corporativos, y que es necesario avanzar cualitativamente en las medidas de transición ya adoptadas.
El informe concluye que ninguno de los Estados analizados presenta una estrategia plenamente coherente con los objetivos de transición energética, y que una parte significativa de los recursos se ha destinado a medidas de «rescate fósil». Sin embargo, Greenpeace señala que solo Países Bajos, España y Suecia incluyen actuaciones consideradas compatibles con el proceso de descarbonización. La organización ecologista insta a los gobiernos a corregir esta contradicción y a priorizar políticas que reduzcan simultáneamente el impacto económico sobre la ciudadanía y la presión ambiental sobre el planeta.
