España afronta una factura de hasta 3.300 millones por la extinción de incendios en 2026
Las llamas han arrasado más de 173.000 hectáreas, seis veces más que en el mismo período de 2025, y el coste operativo de apagarlas oscila entre 1.736 y 3.300 millones de euros, según estimaciones de la Agencia Forestal de Navarra y la patronal Asemfo. El Gobierno ha reforzado el presupuesto un 34% para 2024-2026.

España afronta una de las mayores emergencias por incendios forestales de su historia reciente, con una factura estimada para las labores de extinción que podría alcanzar los 3.300 millones de euros en lo que va de 2026. Más de 173.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, una cifra que multiplica por seis la registrada en el mismo período del año anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
El cálculo del gasto operativo de combatir las llamas varía en función de la fuente. La Agencia Forestal de Navarra sitúa el coste medio por hectárea en 10.000 euros cuando intervienen medios aéreos, mientras que la patronal de empresas forestales Asemfo eleva esa cifra hasta los 19.000 euros. Aplicando estos parámetros a la superficie afectada, el desembolso total se movería entre 1.736 y 3.300 millones de euros. No obstante, estas cifras reflejan únicamente el gasto directo de extinción y no incluyen las pérdidas derivadas de la destrucción de viviendas, infraestructuras, explotaciones agropecuarias, espacios naturales, biodiversidad ni el impacto sobre el turismo.
Como antecedente, el informe «Grandes incendios forestales» de Greenpeace, elaborado con datos de Asemfo, estima que el Gobierno español destinó el año pasado entre 3.548 y 6.741 millones de euros a las tareas de extinción. Según las cifras del Ministerio del Interior citadas en ese documento, durante ese período se registraron 8.189 incendios forestales que arrasaron más de 354.000 hectáreas en todo el país, el peor balance de la última década.
Ante este escenario, el Miteco anunció esta semana un refuerzo de los recursos estatales para la lucha contra el fuego. El presupuesto para extinción de incendios forestales ha aumentado un 34% entre 2024 y 2026, con un incremento del 47% en la dotación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la renovación de bases y la potenciación de los medios aéreos. Además, a partir de 2028 se incorporarán siete nuevos aviones anfibios. En el ámbito autonómico, Andalucía es la comunidad que más recursos moviliza, con cerca de 300 millones de euros para el dispositivo INFOCA, seguida de Galicia (190 millones), Castilla-La Mancha (126 millones) y Asturias (78 millones). La Comunidad de Madrid destaca por el esfuerzo relativo a su territorio, con 52,7 millones para el Plan INFOMA, un 35% más que en la campaña anterior.
Desde una perspectiva más amplia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado el fuerte impacto que las emergencias climáticas y los desastres naturales han tenido en las cuentas públicas durante las últimas dos décadas. En concreto, entre 2005 y 2025, fenómenos como incendios, sequías e inundaciones costaron al Estado en torno a 65.000 millones de euros. Esta cuantía incluye distintas categorías de riesgo, entre ellas eventos geofísicos como la erupción del volcán de La Palma en 2021 y riesgos biológicos como la pandemia de COVID-19. Según las estimaciones del supervisor, dentro de esa cifra, el Estado dedicó 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas a los afectados; 12.800 millones a compensaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros; y otros 35.000 millones a costes de respuesta, partida que incluye los gastos derivados de la gestión de la pandemia.
A la vista de estos datos, la AIReF ha instado al Ejecutivo a mejorar las fuentes de información disponibles, cuantificar con mayor precisión el impacto fiscal de estos riesgos y definir una estrategia de mitigación. La creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales, impulsada por la sequía prolongada, las olas de calor y los vientos que aceleran la propagación del fuego, convierte este desafío en una cuestión económica de primer orden que requiere una planificación a largo plazo.


