El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo García por contratos públicos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigados a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, por su presunta implicación en la contratación irregular de Rodríguez en empresas públicas. La decisión, adoptada en una providencia a la que ha tenido acceso este viernes, atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de que los tres participaron en un plan para que Rodríguez percibiera un salario público sin desempeñar trabajo alguno.

Los tres imputados deberán declarar ante el juez el próximo 20 de julio a partir de las 10.00 horas. Junto a ellos, también ha sido citado como investigado Ignacio Zaldívar, excargo de Adif, quien era director de Gestión Administrativa de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias. La Fiscalía sostiene que existen indicios de que Zaldívar intervino directamente en la contratación de Rodríguez en Ineco, una empresa pública del grupo SEPI.

La investigación se centra en los contratos que Jésica Rodríguez mantuvo con Ineco entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y con Tragsatec desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021. Durante ese periodo, Rodríguez percibió 34.450 euros de salario de Ineco, aunque, según la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos el pasado 22 de junio, no realizó ninguna actividad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad. La imputación de Joseba García se limita al contrato con Ineco.

La sentencia del Supremo, que dio por probados los hechos en el denominado caso mascarillas, estableció que Koldo García propició que Rodríguez fuera asignada a Adif para asistir a su hermano Joseba García, quien, aunque era trabajador de Ineco, prestaba sus servicios en la Subdirección de Obras de Adif. Según el fallo, «Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de Ineco se interesaba por lo que hacía en Adif siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García».

La Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito al juzgado en el que sostiene que la sentencia del Supremo incorpora hechos y pruebas que apuntan a la posible responsabilidad penal de los tres nuevos investigados. A juicio del fiscal, existen «indicios de participación en la ilícita contratación» tanto de Rodríguez como de Zaldívar y Joseba García, por lo que considera necesario recibirles declaración como investigados para garantizar plenamente su derecho de defensa.

En su escrito, el Ministerio Público destaca que Rodríguez fue la principal beneficiaria de ese sistema de contratación. «No solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron», sino que «el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas». Por ello, sostiene que sin su forma de actuar «no habría sido posible» la ejecución del plan investigado.

Durante el juicio del caso mascarillas, Jésica Rodríguez reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que el entonces ministro, José Luis Ábalos, era conocedor de esa situación. «El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban», relató ante el tribunal.

En cuanto a Ignacio Zaldívar, la Fiscalía sostiene que existen indicios de que intervino en la contratación de Rodríguez en Ineco. El escrito recoge que fue él quien dio las instrucciones para que la expareja de Ábalos se incorporara a la empresa pública. De hecho, declaró como testigo ante el Supremo durante el juicio del caso mascarillas y aseguró que recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, alertando de que estaban «molestando» a Rodríguez.

Ante el final de su contrato en Ineco, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Pardo de Vera, quien, «atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación». El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, Rodríguez empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

La imputación de estas tres personas supone un nuevo paso en la investigación del caso Koldo, que ya ha llevado a la condena de Ábalos por el Tribunal Supremo. El juez Moreno continúa indagando en la trama de contrataciones irregulares en empresas públicas, que habría permitido a personas cercanas al exministro y a su entorno obtener ingresos públicos sin contraprestación laboral. Las declaraciones del 20 de julio serán clave para determinar la responsabilidad penal de los nuevos investigados.