El ICO abrirá en septiembre la línea de crédito para vivienda asequible del fondo España Crece
El Instituto de Crédito Oficial activará el 1 de septiembre la línea de préstamos del fondo «España Crece», dotada con 12.250 millones para impulsar la construcción de vivienda asequible.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre la primera ventanilla de préstamos del fondo soberano «España Crece», una línea de financiación dotada con 12.250 millones de euros para impulsar la construcción de vivienda asequible en España. El programa, dirigido a promotores, busca poner en el mercado inmobiliario viviendas compatibles con los salarios medios del país y contempla condiciones ventajosas, incluida una posible condonación parcial de la deuda.
Según el planteamiento del organismo, la financiación se articulará en dos instrumentos diferenciados. El primero, con 6.250 millones, se destinará a la promoción de viviendas e incluirá una parte no reembolsable para aquellos inmuebles que cumplan determinados requisitos de precio. En este paquete se contemplan quitas de deuda de hasta el 30%, una condonación para la que el ICO ha reservado 1.000 millones de euros. El segundo instrumento, con el dinero restante, está pensado para la tenencia y gestión de alquileres, y busca atraer a gestoras y fondos que asuman la administración de las casas una vez construidas.
La concesión de la financiación exigirá que al menos el 50% de las viviendas se destine al alquiler en condiciones asequibles. La venta estará permitida, pero deberá contemplar un esquema de protección y rentabilidades «razonables». Aunque las primeras estimaciones apuntaban a la construcción de hasta 15.000 viviendas anuales, el ICO evita ofrecer una cifra concreta y condiciona el ritmo a la evolución del mercado.
Entre las condiciones del crédito promotor figura la exención del pago de intereses hasta que se concluya la construcción y el aplazamiento de la amortización del capital durante siete años. Eso sí, el ICO solo financiará el 75% de cada proyecto, por lo que la promotora deberá disponer del 25% restante. En el caso del instrumento destinado a la gestión de alquileres, los intereses se pagan desde el principio y el capital se devuelve al final, con la posibilidad de una ventana de siete años para que los inversores iniciales se retiren y den entrada a otros nuevos. Además, será obligatorio constituir un fondo de reserva para futuras reparaciones de los edificios.
La activación de esta línea se enmarca en el despliegue del fondo «España Crece», que el Gobierno concibe como un vehículo para canalizar recursos hacia sectores clave de la economía. El ICO ya ha recibido una inyección de capital de 10.891 millones de euros y otros 2.800 millones a fondo perdido procedentes de los fondos Next Generation EU, con los que se da continuidad al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo plazo de ejecución concluye el 31 de agosto.
Desde Moncloa calculan que este montante debería elevar la financiación movilizada hasta unos 120.000 millones de euros para invertir en áreas como energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura del agua, saneamiento, seguridad y vivienda. El Ejecutivo ha decidido priorizar la vivienda ante la crisis de acceso que atraviesa España.
Con el objetivo de acelerar el proceso, los directivos del ICO ya han iniciado una ronda de contactos con ayuntamientos para cerrar las bases de la licitación de suelo público incluidas en «España Crece». Inicialmente se utilizará terreno público cedido por los consistorios, aunque el mecanismo no descarta la entrada de suelo privado, pese a que en algunos casos podría no resultar rentable. Hasta ahora, participar en promociones de vivienda asequible implicaba para promotores y constructores proyectos con márgenes muy escasos de beneficio; esta fórmula pretende servir de incentivo y contribuir a movilizar capital privado para empezar a atajar el problema.
La puesta en marcha coincide además con la recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo plazo de ejecución concluye en 2026. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que cumplan todos los hitos antes del próximo mes de agosto y aceleren el despliegue de los programas, revisando las medidas para incluir únicamente las que sean factibles de materializar. Bruselas ofrece igualmente la posibilidad de explorar medidas alternativas para utilizar las asignaciones financieras restantes, incluido el apoyo a inyecciones de capital en los bancos nacionales para respaldar proyectos alineados con las prioridades estratégicas de la Unión Europea.
