Las acusaciones solicitarán prisión provisional para la directora general de la Guardia Civil

La acusación popular Hazte Oír ha anunciado este viernes que solicitará al juez Santiago Pedraz la prisión provisional de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, imputada por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia en el marco del caso conocido como las cloacas del PSOE. La organización considera que el riesgo de destrucción de pruebas es «manifiesto y notorio» debido al alto cargo que ocupa la investigada, lo que podría facilitar la continuidad de la presunta actividad delictiva.

Mercedes González se ha convertido en el primer máximo responsable de la Benemérita en ser imputado mientras ejercía el cargo, una situación que ha generado una profunda consternación entre los agentes del instituto armado. Cinco asociaciones de la Guardia Civil —AUGC, la mayoritaria; Jucil; y las tres de mandos, Asesgc, UO y APC-GC— han exigido la dimisión inmediata de la directora y el cese del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también imputado. No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ratificado su confianza en ambos y ha dejado claro que seguirán en sus puestos.

La imputación de González y Llamas se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al juez Pedraz su citación como investigados, al considerar que ambos intentaron «generar un efecto de desaliento» en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que no impulsara investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según el escrito de la Fiscalía, la trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díaz buscaba «proteger los intereses del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, mediante actuaciones dirigidas a inquietar el normal desenvolvimiento de la UCO en distintos procedimientos judiciales.

Una de las maniobras señaladas por Anticorrupción habría sido «impulsar la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil», lo que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada contra miembros de la unidad. La Fiscalía advierte de que «la apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial». Asimismo, subraya que «la presión no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen».

El juez Pedraz ha citado a declarar como investigados a la directora de la Guardia Civil y al DAO el próximo 16 de julio, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada. En el caso de Manuel Llamas, su imputación conlleva la posibilidad de una suspensión de funciones, según lo establecido en el Régimen del personal de la Guardia Civil. El artículo 92 de dicha normativa señala que la suspensión «se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave». La decisión corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y posteriormente el ministro del Interior determina si la suspensión lleva consigo el cese del destino.

Además, el DAO podría enfrentarse a la apertura de un expediente disciplinario, que se paraliza mientras no haya una resolución judicial, aunque se pueden aplicar medidas cautelares como la suspensión durante tres meses sin pérdida retributiva. La situación ha provocado que la asociación Jucil haya exigido también la dimisión de Marlaska, recordando el precedente del ministro Antoni Asunción, quien dimitió tras la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

El caso cloacas investiga una presunta trama que, según un informe de la UCO incorporado al sumario, buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno para proteger los intereses del presidente Sánchez. El DAO habría instado a la UCO a «ponerse de perfil» en la investigación al hermano del presidente del Gobierno, según han destapado los investigadores de la Benemérita. La gravedad de los hechos y la implicación de altos cargos del instituto armado han generado un clima de incertidumbre y malestar entre los guardias civiles, que temen por la pérdida de prestigio y confianza de la institución ante la ciudadanía.