El juez Peinado pide nuevos escritos tras archivar dos delitos en el caso Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a las partes que presenten escritos actualizados para el juicio con jurado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La causa continúa por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El juez que instruye el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo paso procesal al requerir a las partes implicadas que presenten escritos actualizados con sus peticiones de cara al juicio con jurado. Esta decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente se atribuían a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una providencia emitida recientemente, el magistrado da cuenta de la recepción del auto de la Audiencia Provincial, que también ordenó levantar las medidas cautelares impuestas a las investigadas y confirmó que el proceso continúe ante un jurado popular. La resolución de la Audiencia mantiene los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, mientras que descarta los de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El instructor ha solicitado ahora a la acusación popular, liderada por la organización Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que presenten nuevos escritos ajustados a la reducción de los delitos inicialmente atribuidos a las acusadas. En su primer escrito, Hazte Oír pidió 24 años de cárcel para Gómez y 22 años para Álvarez por cuatro presuntos delitos, mientras que reclamaba seis años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés por dos de ellos. Por su parte, la Fiscalía y las defensas solicitaron la absolución al no apreciar delito.
Respecto al tercer investigado, Juan Carlos Barrabés, Peinado ha acordado «continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento». Esta separación procesal se adopta tras la decisión de la Audiencia de Madrid de apartar a Barrabés del juicio con jurado, a fin de proseguir las diligencias relativas «a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos». De esta forma, se investigará por separado la posible irregularidad en las adjudicaciones que involucran al empresario.
En el auto de la Audiencia Provincial, los magistrados indicaron que «parece perfectamente verosímil sostener» que Gómez «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno» para obtener la concesión de la cátedra de la UCM y hacerlo «de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto». Además, añadieron que Gómez asumió la condición de directora «pese a no ser posible», una irregularidad que, según el tribunal, fue solventada meses después.
Los magistrados apuntaron también que «la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación» puede comportar, en determinados contextos, una «presión moral eficiente» a efectos del delito de tráfico de influencias. Este razonamiento subraya la relevancia de la posición familiar de la investigada en el desarrollo de los hechos que se juzgan.
El caso Begoña Gómez ha generado un notable interés público y mediático, dado que la investigada es la esposa del presidente del Gobierno. La instrucción judicial ha estado marcada por diversas decisiones procesales, incluyendo la imputación inicial de cuatro delitos que ahora se han reducido a dos. La Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por cinco jueces, concluyó que Gómez se sirvió de su «privilegiada posición de esposa» de Sánchez para impulsar su carrera académica, lo que llevó a ratificar su procesamiento.
El juicio con jurado popular se celebrará en Madrid, y serán nueve ciudadanos designados por sorteo quienes compondrán el tribunal. En sus manos recaerá la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Si son declaradas culpables, se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según las peticiones de la acusación popular.
La defensa de las investigadas ha mantenido su postura de solicitar la absolución, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones. La Fiscalía también se ha pronunciado en el mismo sentido, lo que contrasta con la posición de Hazte Oír, que ha sido la parte más activa en la acusación popular. La Universidad Complutense de Madrid, como parte en el proceso, también deberá presentar su nuevo escrito ajustado a la resolución de la Audiencia.
Este nuevo paso procesal marca un hito en la instrucción del caso, que ahora se encamina hacia la fase de juicio oral. La decisión de la Audiencia Provincial de archivar dos de los delitos iniciales supone un alivio parcial para las investigadas, aunque el proceso continúa por las acusaciones más graves. La separación de la investigación de Juan Carlos Barrabés añade una capa adicional de complejidad al caso, que seguirá desarrollándose en los tribunales en los próximos meses.
