El juez Pedraz imputa a la directora general y al DAO de la Guardia Civil en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una providencia en la que imputa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra la administración de justicia. Estas imputaciones se enmarcan en el caso Leire Díez, la conocida como supuesta fontanera del PSOE, que investiga una presunta trama de presiones y actuaciones irregulares dentro de las fuerzas de seguridad. La decisión del magistrado responde a la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que contó con el respaldo de las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada del Partido Popular.

Según la providencia, tanto González como Llamas deberán comparecer ante el juez el próximo 16 de julio a partir de las 10:15 horas. Un día antes, el 15 de julio, está previsto que declaren como testigos los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, quienes también han sido citados en el marco de esta investigación. El juez Pedraz, sin embargo, ha rechazado imputar al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, como habían solicitado las acusaciones populares, al considerar que «la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal».

El origen de estas imputaciones se encuentra en los encuentros que Mercedes González mantuvo con Leire Díez. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fueron confirmados posteriormente por la propia González, la supuesta fontanera presumía de tener «confianza» con la directora general. La UCO sostiene que Díez intentó aprovechar esa relación para activar una investigación interna contra los miembros de la unidad que trabajan en causas judiciales relacionadas con el PSOE o el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La unidad de la Policía Judicial era uno de los principales objetivos de las presuntas cloacas del PSOE, junto con la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón.

Los informes de la UCO detallan que Díez habría logrado «instigar» a González para que iniciara «actuaciones administrativas contra la UCO». El pasado 27 de mayo, Pedraz ordenó a la UCO personarse en la Dirección General de la Guardia Civil, donde los agentes interrogaron a varios compañeros, entre ellos al exjefe de la propia UCO, Rafael Yuste. Este declaró que el ahora imputado Manuel Llamas le habría presionado para que se pusiera «de perfil» en las causas con incidencia política, especialmente aquellas relacionadas con el PSOE o el Gobierno. Yuste también relató una reunión en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, cargó contra un informe de la unidad sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez, calificándolo de «prospectivo y malintencionado» y afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba «por los suelos».

Mercedes González compareció ante el Senado el pasado 16 de junio, después de que el PP la llamara a declarar sobre su supuesta implicación en las operaciones de Leire Díez. Durante su intervención, la directora general reconoció los encuentros con la supuesta fontanera, pero negó que estuvieran vinculados con una operación contra la UCO. «No se ha adoptado jamás por mi parte ninguna medida de presión contra la UCO, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona», aseveró en reiteradas ocasiones. No obstante, González admitió que se iniciaron informaciones reservadas por la filtración de unos mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

En la misma providencia, el juez Pedraz ha acordado incorporar a la causa dos declaraciones prestadas por la empresaria Carmen Pano en dos procedimientos diferentes. Una de ellas la instruye el propio Pedraz y se refiere a un presunto fraude en el IVA de los Hidrocarburos; la otra es el caso Koldo, y concretamente se busca incorporar la declaración de Pano ante el Tribunal Supremo. En ambas, Pano aseguró que había entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz por indicación de Víctor de Aldama. Según los informes de la UCO, las supuestas cloacas trataron de sobornar a Pano y a su chófer a través de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para modificar su testimonio en sede judicial. De la Hoz tendrá que declarar como investigada por estos hechos el próximo 14 de julio a las 10:00 horas.

El juez también ha solicitado al PSOE que identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo, quien ya declaró ante el magistrado y manifestó que era asesor jurídico del partido desde octubre de 2024 a junio de 2025. Además, se ha acordado incorporar a la causa la documentación aportada por el Ministerio de Justicia sobre el expediente de nacionalidad del venezolano Nervis Villalobos, ante la sospecha de que Leire Díez pudiera haber influido en el mismo. El caso sigue su curso con nuevas citaciones y diligencias que apuntan a una trama de presiones y actuaciones irregulares en el seno de las instituciones.