Asociaciones de guardias civiles exigen la dimisión de su directora y de Marlaska tras su imputación judicial

Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han exigido este jueves la dimisión inmediata de la directora general del cuerpo, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, después de que ambos fueran citados como investigados por un juzgado de Madrid en el marco del denominado caso cloacas del PSOE. Los colectivos también reclaman la renuncia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que su respaldo a la cúpula del instituto armado resulta insostenible tras conocerse los indicios judiciales en su contra.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, fue la primera en pronunciarse con un comunicado en el que califica de «insostenible» la situación. La organización recuerda que la petición de imputación no proviene únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó un escrito solicitando la citación como investigados de ambos altos cargos. «Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna», subraya la AUGC.

La instrucción judicial examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y la fontanera socialista Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo. También se investigan las instrucciones trasladadas a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para que mantuvieran un perfil bajo y evitaran ser proactivos en investigaciones con posible afectación política. La AUGC denunció estas maniobras contra la UCO en junio de 2025, acudiendo a los tribunales, y un año después la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el cuerpo.

«Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula», advierte la AUGC, que insiste en que «la permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes».

Las asociaciones de mandos también se han sumado a las exigencias de dimisión. La Asociación Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc), la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil han expresado su «consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía». En un comunicado conjunto, señalan que, sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetan, «es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general de la Guardia Civil y de Director Adjunto Operativo».

Estas organizaciones recuerdan que no son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones o suspendidos en sus procesos de ascenso o condecoraciones por estas mismas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria. «No entendemos que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan», denuncian. Por ello, concluyen que «dada la gravedad de los hechos, tanto directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando».

La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) ha ido un paso más allá al exigir no solo la dimisión de la directora, sino también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para esta organización, «la permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución». Jucil considera que la imputación judicial de la cúpula supone «la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos y casos bajo sospecha que han salpicado la gestión de la Benemérita en los últimos tiempos».

«Mercedes González no puede mantenerse ni un minuto más al frente de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley», denuncia Jucil, que subraya que «quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada». La asociación apela al lema del cuerpo —«el honor es mi divisa»— para sostener que la directora está moralmente obligada a dejar el cargo. «Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata», afirma.

Jucil también tacha de «inadmisibles y contradictorias» las explicaciones ofrecidas por Marlaska, tanto en su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado como en declaraciones posteriores. «Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del Cuerpo, el ministro volviese a manifestar su plena confianza en la directora general», asevera. La asociación recuerda que el propio ministro confirmó en el Congreso que la elección de Mercedes González fue una decisión estrictamente suya y que asumía toda la responsabilidad política. Por ello, Jucil le insta a «demostrar esa asunción de responsabilidad no con palabras vacías, sino con su renuncia inmediata».

La citación como investigados de Mercedes González y Manuel Llamas está prevista para el próximo 16 de julio, en el marco de una causa que investiga presuntas interferencias políticas en el trabajo de la UCO. Las asociaciones profesionales coinciden en que la situación actual es incompatible con el ejercicio del mando y exigen una respuesta inmediata por parte del Ministerio del Interior para preservar la credibilidad de la institución.