Una familia de Kentucky eligió la granja antes que 26 millones de dólares
Ida Huddleston y su hija rechazaron vender 534 acres para un centro de datos. El proyecto, sin embargo, ya obtuvo suelo industrial a su alrededor.
Foto: LEX 18
Hay una contradicción difícil de ignorar en Mason County, Kentucky: una familia rechazó más de 26 millones de dólares para conservar su tierra, mientras el territorio que la rodea empieza a prepararse para una de las formas más nuevas de industria digital.
Ida Huddleston, de 82 años, recibió una oferta de 60.000 dólares por acre por sus 71 acres. Su hija, Delsia Bare, podía vender 463 acres a 48.000 dólares por acre. Juntas, las propuestas superaban los 26 millones. El suelo era buscado en relación con un gran centro de datos cerca de Maysville.
La negativa no fue inmediata. PEOPLE cuenta que madre e hija firmaron primero un contrato porque temían que, si se negaban, el terreno pudiera terminar expropiado. La familia ya había perdido parcelas por proyectos públicos. Después de hablar con un abogado y saber que un promotor privado no podía obligarlas sin más a vender para este proyecto, cambiaron de decisión.
Entonces quedó claro qué estaban comparando realmente. La granja familiar más amplia tiene unos 1.200 acres y algunas partes llevan más de dos siglos vinculadas a la familia. Allí se cría ganado. Bare recuerda que generaciones anteriores cultivaron trigo durante la Gran Depresión. Su marido fallecido está enterrado en la propiedad.
Huddleston resumió su postura con una frase: de un centro de datos no se obtiene comida. También teme por el agua, la electricidad y la pérdida de suelo agrícola. Es importante distinguir entre temor e impacto demostrado: el centro aún no funciona y el consumo de agua puede variar mucho según el sistema de refrigeración.
El proyecto no desapareció con su negativa. El 22 de mayo, Mason County aprobó reclasificar 28 propiedades, unas 2.080 acres, para uso industrial rural. La empresa tecnológica final seguía sin ser identificada públicamente en julio.
Las autoridades defienden el proyecto con una promesa de actividad económica: unos 400 empleos permanentes y más de 1.500 puestos durante la construcción. También sostienen que el promotor pagará las carreteras y las conexiones de agua, saneamiento y electricidad necesarias.
Parte de la comunidad interpreta esos mismos datos de otra manera. El grupo We Are Mason County ha llevado el proceso a los tribunales y Huddleston y Bare se sumaron a la oposición. Para ellas, el problema no es únicamente lo que ocurra dentro de sus lindes, sino el cambio de paisaje y de uso de suelo que puede suceder al otro lado de la cerca.
El contraste es profundamente contemporáneo. La economía digital parece desmaterializada hasta que necesita un lugar físico. Entonces compite con actividades mucho más antiguas: cultivar, criar animales, vivir y heredar una parcela.
Los 26 millones mostraron cuánto estaba dispuesto a pagar el comprador. La negativa mostró que esa cifra no representaba el valor que la familia asigna a la continuidad. Ahora la tensión ya no está en una mesa de negociación privada. Está en el mapa del condado, en los tribunales y en la decisión pendiente de una empresa que todavía debe determinar si construirá el enorme campus autorizado junto a una granja que no logró comprar.
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