La red de acogida de Ceuta, al límite por la llegada de menores migrantes
La llegada masiva de migrantes a Ceuta desborda los centros de protección de menores y reabre el debate sobre el sistema de acogida, que activa un protocolo de atención, identificación y tutela.
La llegada masiva de migrantes a Ceuta, entre ellos un número elevado de menores no acompañados, ha vuelto a llevar al límite el sistema de protección y acogida de la ciudad autónoma. La situación ha reabierto el debate sobre el funcionamiento de una red asistencial que, pese a soportar una elevada carga desde hace años, solo suele acaparar la atención pública en episodios de crisis migratoria. La respuesta a estos menores combina protocolos policiales, asistencia sanitaria y recursos residenciales gestionados por la Ciudad Autónoma.
El sistema de protección de menores en España, y de manera particular en Ceuta, se articula mediante un conjunto de protocolos, normativas y actuaciones administrativas que se activan cuando un menor extranjero no acompañado pisa el territorio nacional. Las instituciones tienen la tarea de que los principios jurídicos y asistenciales que protegen al menor sigan siendo el eje de cualquier decisión, incluso en contextos de emergencia como el vivido en los últimos días.
Cuando un menor llega a la ciudad, ya sea alcanzando la costa a nado por los espigones fronterizos como el de El Tarajal, escondido en vehículos y embarcaciones o en patera, se activa un protocolo de localización y atención inmediata. En esa primera fase intervienen la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios de emergencia y entidades de primera respuesta como Cruz Roja. El menor recibe entonces agua, alimentos, ropa seca y mantas, y después se le practica un reconocimiento médico para detectar lesiones o problemas derivados del trayecto, como hipotermia, deshidratación, quemaduras por combustible o heridas. La atención sanitaria y el seguimiento posterior quedan en manos del sistema público de salud.
La Policía Nacional realiza la identificación inicial. Se recogen los datos que aporta el propio menor —nombre, edad manifestada, nacionalidad e idioma—, así como fotografías y huellas dactilares. La normativa establece que el menor debe comprender todas las actuaciones que le afectan, por lo que, si no habla español, la administración debe garantizar la presencia de un intérprete en su lengua materna, ya sea árabe, darija marroquí, francés o alguna de las lenguas habituales de África occidental, como el wolof o el bambara.
Uno de los pasos más sensibles y cuestionados es la determinación de la edad. Si el menor presenta documentación oficial, como un pasaporte, las autoridades reconocen su validez y no practican pruebas adicionales. Si no hay documentación o existen dudas sobre la mayoría de edad, interviene la Fiscalía de Menores, que puede ordenar pruebas médicas y radiológicas para estimar la edad. El Defensor del Pueblo recomienda extremar la prudencia en el uso de este método por el «margen de error» que puede presentar.
Una vez acreditada la minoría de edad, el menor sale del ámbito policial y queda bajo el sistema de protección de menores, cuya gestión en Ceuta corresponde al Área de Menores de la Ciudad Autónoma. La administración asume su guarda o tutela y lo inscribe en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, una base de datos nacional gestionada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese registro permite evitar duplicidades, coordinar traslados entre territorios y facilitar el seguimiento en caso de desaparición.
El principal recurso de primera acogida en Ceuta es el Centro de Realojamiento Temporal de Menores La Esperanza, gestionado por la propia ciudad y dedicado al alojamiento, la valoración y la derivación de los jóvenes. Cuando aumenta la presión migratoria, la red se complementa con otros recursos como el centro La Fuente o el Centro de Atención a Inmigrantes San Antonio. Si todos ellos llegan a su límite, se habilitan dispositivos extraordinarios, entre ellos pabellones deportivos, módulos prefabricados e instalaciones provisionales, para dar respuesta a la emergencia.
Dentro de los centros, la vida cotidiana se rige por un reglamento de régimen interno y por un Plan Individual de Protección o de intervención educativa adaptado a cada menor. A su llegada, un equipo realiza una valoración integral en la que analiza el estado emocional, el nivel educativo, el conocimiento del idioma o la posible existencia de traumas. A partir de esa evaluación, se asigna a cada menor un educador de referencia, responsable del seguimiento diario, de las entrevistas periódicas y de coordinar su proceso de intervención y evolución dentro del centro.
Las instalaciones no funcionan como establecimientos penitenciarios, sino como recursos asistenciales y educativos, aunque la saturación pone a prueba esa orientación. Los episodios de elevada presión migratoria, como el registrado en 2021 o el vivido estos días, han evidenciado las limitaciones de los centros y han vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de reforzar una red que debe garantizar la protección del menor en cualquier circunstancia.
