El juez Calama avala investigar el pago de 200.000 euros a Zapatero por intermediación en Bolivia
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado ampliar la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el cobro de 200.000 euros del grupo peruano Gloria, presuntamente por intermediar ante las autoridades de Bolivia para beneficiar los intereses de la empresa.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado este miércoles la ampliación de la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el cobro de 200.000 euros del grupo peruano Gloria. Según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exmandatario habría intermediado ante las autoridades de Bolivia para favorecer los intereses de la empresa, que buscaba cobrar una indemnización pendiente.
El magistrado rechazó la petición de la defensa de Zapatero, que solicitaba excluir este pago del perímetro de la investigación al considerar que la empresa peruana «no estaba en el perímetro objetivo de la investigación». Para el juez, la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research, entidad del grupo Gloria, no es fruto de una fiscalización indiscriminada, sino «la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso».
Calama subrayó que «por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva». En su auto, al que tuvo acceso EFE, el juez añadió que «no existe vulneración de derechos fundamentales», ya que la información procede de fuentes obtenidas con autorización judicial y su análisis no excede el marco de la investigación.
El informe de la UDEF sostiene que Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con las autoridades bolivianas «orientadas a beneficiar los intereses» del grupo Gloria. A cambio de dicha intermediación, el expresidente habría recibido «una contraprestación económica de 200.000 euros» entre 2024 y 2025. El juez considera que este pago, «por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas».
Calama también señaló que los hechos analizados en el informe policial «apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencia de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».
Zapatero está imputado por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra, en el que presuntamente influyó en el rescate de la aerolínea a cambio de comisiones. Además, ha sido imputado por contrabando y delito fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas durante el registro de su despacho en la calle Ferraz.
La defensa de Zapatero, ejercida por el abogado Víctor Moreno Catena, alegó que la empresa peruana «no estaba en el perímetro objetivo de la investigación» y que resultaba «injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial». Sin embargo, el juez Calama consideró que el análisis de las transferencias no excede los límites de la investigación en curso y que el pago debe ser investigado para esclarecer su naturaleza.
El grupo Gloria, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Perú, ha reconocido el pago a Zapatero, aunque ha defendido que se trató de una remuneración por servicios de asesoramiento y conferencias. No obstante, el juez advierte que «que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida».
La investigación, que se inició en el marco del caso Plus Ultra, se ha ido ampliando a medida que han aparecido nuevos indicios. La UDEF ha señalado que Zapatero habría utilizado su red de contactos internacionales para influir en decisiones de gobiernos extranjeros en beneficio de empresas privadas, a cambio de importantes sumas de dinero. El juez Calama ha ordenado continuar con las pesquisas para determinar el alcance de estas presuntas actividades ilícitas.
El expresidente del Gobierno, que gobernó España entre 2004 y 2011, ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y ha asegurado que todas sus actividades profesionales son legales y transparentes. Sin embargo, la acumulación de causas judiciales abiertas en su contra ha generado un intenso debate político y mediático en España.
