
La jueza de la dana ve indicios claros de que Pradas y Argüeso pudieron evitar muertes en La Torre
Un auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano señala que los fallecimientos en la pedanía de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, hubieran ejercido sus funciones. La instructora aprecia negligencias en la gestión de la emergencia y ordena al Ayuntamiento de València identificar al funcionario de guardia el 29 de octubre.
La jueza que instruye el caso de la dana ha apreciado «claros indicios» de que los fallecimientos registrados en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, hubieran cumplido con sus responsabilidades. En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la magistrada sostiene que las muertes en este núcleo, una de las tres pedanías de València con víctimas mortales, son «una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y del retraso de avisos».
El auto subraya que el conocimiento de las propias competencias era un elemento decisivo para actuar con rapidez. «Cuando Pradas llega a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, la actuación que asumió ya fue tardía y errónea», afirma la instructora. Respecto a Argüeso, la jueza considera «difícilmente inteligible» su afirmación de que «no tenía por qué ir al Cecopi», teniendo en cuenta que la convocatoria la realiza la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, de la que el secretario autonómico es director. A su juicio, esa explicación solo puede entenderse como un intento de justificar su «escasa o nula intervención», lo que incidiría en el resultado mortal.
La resolución reconstruye la jornada del 29 de octubre de 2024: ya existía un aviso rojo de Aemet por la mañana, hubo bomberos forestales que no fueron movilizados para vigilar cauces, el Cecopi fue «anormalmente tardío en su convocatoria» y se produjo una «conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes». Todo ello culminó con un mensaje Es-Alert enviado a las 20:11 horas, marcado por «vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas». La jueza incide en que el texto final «no alertaba del peligro real, por ejemplo, de bajar a un garaje o de quedarse en la planta baja de casa», y señala que se desconoce por qué se modificó el borrador que recomendaba «permanezcan en sus domicilios». En el caso de La Torre, añade, ese mensaje «habría podido evitar bajar a un garaje o salir a la calle».
La instructora detalla que un aviso para subir a pisos altos «podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas». Recuerda que la población de esta pedanía, donde no llovía, «no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba cuando bajó a un garaje, o estaba en la planta baja de su casa, caminaba por la acera o circulaba con el coche». El auto enumera las circunstancias de algunas víctimas: una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron hallados en Sedaví.
El auto también recoge el testimonio del alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, quien declaró el pasado 5 de octubre que «no había recibido avisos de manera directa desde el Centro de Coordinación de Emergencias», sino que fue la alcaldesa de València, María José Catalá, quien remitió el aviso rojo de la Aemet a través de un chat de WhatsApp. Por ello, la jueza requiere al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la pedanía que prestaba servicios el día de la dana y que aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre. Asimismo, solicita copia de las comunicaciones remitidas desde cualquier organismo público —112, Emergencias, Diputación o Administración central— a la alcaldía pedánea.
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