
El Parlamento andaluz cesa a Antonio Manuel López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas
El Parlamento de Andalucía ha aprobado el cese de Antonio Manuel López Hernández, ex presidente de la Cámara de Cuentas y propuesto por el PSOE, tras abrirse un expediente por incompatibilidad sobrevenida. López Hernández firmó el informe pericial que defendió la cátedra de Begoña Gómez.
El Parlamento de Andalucía ha acordado el cese de Antonio Manuel López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público andaluz. La decisión afecta al ex presidente de esta institución, que fue propuesto por el PSOE de Andalucía y que elaboró el informe pericial presentado por Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado para defender la legalidad de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.
La destitución llega después de que trascendieran las actividades académicas y profesionales desarrolladas por López Hernández mientras ejercía como consejero de la Cámara de Cuentas. El caso había provocado la apertura de un expediente por parte de la propia institución ante la «existencia de una incompatibilidad sobrevenida» y un posible incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. La presidenta del Parlamento andaluz, Ana María Mestre, ha tomado la decisión de cesarlo, una medida que ha provocado el rechazo del Grupo Socialista.
La portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha solicitado este miércoles la paralización de la destitución y ha calificado la actuación de «decisión unilateral». Según la dirigente socialista, el cese «sienta un precedente peligroso». El informe que defendió a Begoña Gómez fue redactado por Antonio Manuel López Hernández, catedrático de la Universidad de Granada y antiguo concejal socialista en Guadix, con fecha del 16 de abril de 2026. El documento fue aportado por la defensa de Begoña Gómez para sostener que las cátedras extraordinarias constituyen una fórmula habitual y legítima de colaboración entre las universidades públicas y entidades privadas.
El informe argumentaba que la dirección de estas estructuras por personas ajenas a la plantilla universitaria es una práctica extendida en España. Para respaldar esa tesis, analizaba la regulación de distintas universidades y comparaba sus modelos de funcionamiento. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas cuestionaron el alcance del documento y señalaron que no entraba a justificar de manera específica las particularidades de la cátedra de Begoña Gómez ni desmentía los extremos recogidos por el juez instructor.
La polémica adquirió una nueva dimensión cuando se publicó que López Hernández figuraba como docente en el Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Granada durante los cursos 2024/2025 y 2025/2026, pese a que no constaba una autorización de compatibilidad en el registro público de la Cámara de Cuentas. La legislación reguladora de este organismo establece un régimen de incompatibilidad para sus consejeros, una circunstancia que situó bajo inspección las actividades del ex presidente de la institución.
El cese de López Hernández se produce en un contexto de escrutinio sobre la compatibilidad de altos cargos y sobre el uso de informes periciales en causas judiciales de relevancia mediática. La decisión del Parlamento andaluz ha sido adoptada por la Mesa de la Cámara, que preside Ana María Mestre, y ha contado con el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno andaluz. El PSOE-A ha anunciado que recurrirá la medida y ha exigido que se paralice el cese hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional o la justicia ordinaria.
Antonio Manuel López Hernández fue presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía hasta 2024, cuando fue sustituido en el cargo. Su trayectoria incluye su etapa como concejal socialista en Guadix y su labor como catedrático de la Universidad de Granada. La institución que ahora le cesa como consejero es la misma que abrió el expediente por incompatibilidad sobrevenida, un procedimiento que podría conllevar la pérdida de su condición de consejero y la devolución de las retribuciones percibidas durante el periodo en el que compatibilizó sus funciones con la docencia universitaria.
El caso ha reavivado el debate sobre la independencia de los órganos fiscalizadores y sobre la idoneidad de los perfiles propuestos por los partidos para ocupar estos puestos. La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano estatutario que depende del Parlamento y cuya función es controlar las cuentas de la Junta de Andalucía y del sector público andaluz. La destitución de uno de sus consejeros por incompatibilidad es un hecho inédito en la historia reciente de la institución.
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