Nueva York, Francia y España debaten supermercados públicos y seguridad social alimentaria
Nueva York, Francia y España exploran fórmulas para garantizar el derecho a la alimentación: supermercados públicos y seguridad social alimentaria. Expertos advierten de que ninguna medida basta si no se transforma el sistema agroalimentario.
El debate sobre cómo garantizar el derecho a la alimentación ha dejado de ser una rareza. En los últimos meses, las propuestas de crear supermercados públicos y de implantar una seguridad social alimentaria han entrado en la agenda política internacional. Sin embargo, reducir la discusión a una disyuntiva entre ambas opciones resulta insuficiente: una actúa sobre la distribución y la otra sobre la demanda, pero ninguna transforma por sí sola la forma en que se producen los alimentos.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dado un nuevo paso en su proyecto para abrir cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo de reducir el precio de la cesta básica de la clase trabajadora. La iniciativa recupera la experiencia del socialismo municipal de Milwaukee, donde alcaldes del Partido Socialista gobernaron durante la mayor parte del período entre 1910 y 1960 y municipalizaron servicios que antes eran privados. Para el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa tanto al neoliberalismo demócrata como al autoritarismo trumpista en Estados Unidos.
En Francia, la Asamblea Nacional debatió el año pasado una propuesta de seguridad social de la alimentación, que no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores. Consistía en una asignación de entre 100 y 150 euros al mes para toda la población, destinada a establecimientos asociados. La iniciativa se apoya en una pregunta: si la sanidad, la educación y las pensiones son derechos garantizados mediante provisión pública, por qué no podría serlo también la alimentación. Francia cuenta ya con varias decenas de proyectos piloto, el más destacado en Montpellier.
En España, la Fundación Carasso promovió un debate que presentó una propuesta para el país, con un proyecto piloto en Getafe. Las iniciativas políticas se han sucedido: Podemos propuso en 2023 crear un supermercado público; Más Madrid planteó en febrero de 2026 una red de supermercados públicos, que fue rechazada por la derecha y tampoco contó con el apoyo del Partido Socialista; el Congreso aprobó en junio, a propuesta de Sumar, una proposición no de ley que insta al Gobierno a crear «infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad»; y Adelante Andalucía ha anunciado que presentará una propuesta similar.
El renovado interés por la alimentación coincide con las secuelas del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con el conflicto bélico que afecta a Irán desde febrero de 2026. Los precios mundiales de los alimentos, que se mantuvieron relativamente estables en los años noventa y a comienzos de siglo, muestran desde la crisis de 2007-08 una fuerte volatilidad y una tendencia alcista. En la mayoría de los países, los alimentos han subido mucho más que los salarios, lo que ha deteriorado los presupuestos familiares, sobre todo entre las clases trabajadoras, que dedican una mayor parte de sus ingresos a comer.
El debate público, sin embargo, tiende a pasar por alto que la inflación alimentaria no es solo el resultado de episodios coyunturales como guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. También es el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, de cadenas logísticas globales y de recursos naturales cada vez más escasos, en un contexto de neomercantilismo y proteccionismo. Por eso, a la pregunta de cómo abaratar los alimentos hay que añadir otra: cómo garantizar que estos puedan seguir produciéndose.
Para el economista político de la alimentación Raj Patel, los supermercados públicos y la seguridad social alimentaria son más compatibles que antagónicos. Solo tienen sentido, añade, si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes. Democratizar el acceso a los alimentos es una condición necesaria, pero no suficiente.
La idea del supermercado público parte de una constatación básica: un supermercado forma parte de la infraestructura que permite que los alimentos producidos en el mundo agrario lleguen a los hogares, concentrados mayoritariamente en las ciudades. Hoy esa infraestructura es en su mayoría privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad mediante las señales del mercado. En ese marco, los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero, y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.
Garantizar el derecho a la alimentación exige, por tanto, algo más que abaratar la cesta de la compra. Requiere repensar quién produce los alimentos, con qué criterios y a través de qué infraestructuras llegan a la mesa. La combinación de supermercados públicos y seguridad social alimentaria puede ser un primer paso, pero la transformación del sistema solo estará completa si también cambia la lógica de producción que hoy determina qué comemos y a qué precio, y si lo hace sin dejar a nadie atrás.
