Los beneficios de los centros de datos se concentran en las ciudades, según un estudio
La investigación de Georgia Tech concluye que las áreas metropolitanas capturan casi todos los beneficios económicos de los centros de datos, mientras las zonas rurales apenas mejoran y además sufren un encarecimiento de la electricidad.
La inteligencia artificial ha desatado en Estados Unidos una oleada histórica de construcción de centros de datos y, con ella, un creciente rechazo vecinal en las comunidades que los acogen. Un nuevo estudio de la Georgia Tech concluye que estas enormes instalaciones generan beneficios económicos reales pero muy desiguales: las áreas metropolitanas capturan casi todo el impacto positivo, mientras que las zonas rurales apenas notan mejoras y, además, suelen enfrentarse a una factura de la luz más cara.
El trabajo, firmado por Daniel Yue, profesor de Gestión de Tecnologías de la Información en la Scheller College of Business de Georgia Tech, y su coautor Yiyang Zeng, analiza cómo la apertura de un centro de datos afecta al empleo, los salarios, la actividad empresarial y el precio de la electricidad en el condado que lo hospeda. Según explica Yue, «enormes cantidades de capital fluyen hacia comunidades concretas, gran parte ligada a obra nueva, mientras las pruebas rigurosas sobre los beneficios locales eran escasas». El investigador añade que la oposición de los vecinos se ha organizado muy rápido por todo el país.
La escala de esta fiebre constructora es difícil de exagerar. En Estados Unidos hay ya más de 2.500 centros de datos activos o en construcción, y cada instalación hiperescalar puede costar más de 1.000 millones de dólares, unos 870 millones de euros, además de consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña. Ante esa inversión, los autores se preguntan si la ecuación realmente compensa para quienes viven al lado.
De media, los datos muestran que la llegada de un centro de datos impulsa el empleo del condado un 3,5%, los salarios un 5%, los establecimientos empresariales casi un 5% y la renta de los hogares en torno a un 2%. Los permisos de obra también se disparan. Son ganancias medibles y económicamente relevantes, pero los investigadores subrayan que resultan mucho menores de lo que cabría esperar de un proyecto de semejante envergadura. La clave, añaden, es que no se distribuyen por igual.
El hallazgo más claro del estudio es que las áreas metropolitanas absorben casi todo el beneficio económico, mientras que las zonas rurales apenas perciben efectos indirectos. Los condados urbanos ganaron empleo y nuevos negocios; los rurales no registraron ninguna mejora medible en esos indicadores. La razón hay que buscarla en lo que los economistas llaman «aglomeración», es decir, la densidad económica que permite que un proyecto se conecte con constructoras, ingenieros, proveedores de equipos, servicios profesionales y mano de obra cualificada. Esas conexiones son mucho más fáciles de tejer donde ya existen mercados laborales profundos y redes empresariales asentadas.
En las ciudades, el gasto indirecto se queda cerca: los empleados técnicos bien pagados sostienen restaurantes, comercio y servicios, mientras los proveedores locales escalan con rapidez. En el mundo rural, esa amplificación apenas se produce. Las instalaciones suelen emplear a muy pocos trabajadores fijos, a menudo menos de 100, y muchos servicios especializados se importan de fuera del condado, de modo que el efecto multiplicador nunca llega a materializarse. El estudio detecta una caída pequeña pero real del desempleo rural y posibles ingresos fiscales o mejoras de infraestructura, pero descarta que el gran salto de empleo y salarios prometido en muchas campañas de captación vaya a llegar solo.
«Es la ubicación, no el tamaño de la instalación, lo que determina si los beneficios locales aparecen», resume Yue. El mensaje resulta incómodo para los territorios que apuestan por estos macroproyectos como palanca de desarrollo. La investigación destapa además una contrapartida directa: los centros de datos consumen una cantidad enorme de electricidad, equivalente al gasto de unos 80.000 hogares en el caso de una gran instalación. En los lugares donde el precio puede medirse con claridad, la electricidad se encarece en torno a un 5% tras su llegada.
«Cuando los beneficios para la comunidad son pequeños, hasta los inconvenientes, como una luz más cara que tensiona la red, los sufren los locales», advierte el investigador. El coste recae sobre quien menos margen tiene, aunque no siempre es evidente quién paga ese sobrecoste: las eléctricas reparten los gastos de forma distinta entre hogares, empresas y grandes consumidores industriales, y el sistema varía según el estado, por lo que cada desarrollo es un caso único.
Mientras estados y ciudades pelean por atraer o frenar estos proyectos, los autores esperan que su trabajo empuje decisiones basadas en pruebas. Para las urbes con mercados laborales fuertes, los centros de datos aportan ganancias reales, aunque no transformadoras; para el campo, el panorama es más complejo. «Dentro de 10 años, las comunidades desearán haber exigido más sobre la calidad de la propia decisión», advierte Yue. «Es vital mirar más allá de los vistosos paquetes de incentivos y fijarse en los detalles: bonificaciones fiscales, tarifas eléctricas y quién paga al final las mejoras de infraestructura», concluye.
A medida que los centros de datos siguen salpicando el paisaje, entender dónde generan valor compartido y dónde no será decisivo para responsables locales y legisladores. El estudio de Georgia Tech ofrece una hoja de ruta para evaluar con más rigor promesas que, hasta ahora, rara vez se habían contrastado con datos.
